57 detenidos por vender contratos de trabajo a inmigrantes para cobrar el paro

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Lleida a 57 personas, entre las que se encuentran cinco empresarios, por una presunta estafa de 2,2 millones de euros a la Seguridad Social, en cuotas impagadas, realizada con contratos de trabajo ficticios a ciudadanos extranjeros para que pudieran cobrar prestaciones de desempleo a las que por ley no tenían derecho. Uno de los empresarios, Joan Carles S. S., vecino de Lleida y con antecedentes por hechos similares, ha ingresado en prisión.

La investigación, conocida como Operación Llétar, comenzó hace unos meses cuando las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Inspección de Trabajo de Lleida detectaron que había 11 empresas que registraban continuas altas y bajas de empleados que, aparentemente, no correspondían a actividad real, y que algunas se repetían en el entramado empresarial. Además los investigadores descubrieron que las empresas presentaban deudas en las cotizaciones sociales. De las 11 empresas, seis eran personas físicas.

Los beneficiarios han confesado no haber trabajado para los empresarios

Los imputados, un total de 71, son sospechosos de los presuntos delitos de falsedad documental, estafa, favorecer la inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores.

Algunos de los beneficiarios de este fraude masivo en las prestaciones de desempleo han confesado no haber trabajado nunca para los empresarios que les daban de alta en la Seguridad Social a cambio de entregarles entre 150 y 400 euros por cada contrato falso. La policía ha podido demostrar que los empresarios dieron de alta en el régimen general de la Seguridad Social a 660 trabajadores, en su mayoría inmigrantes, de los que 115 solicitaron prestaciones y subsidios. De estos, 70 llegaron a cobrar prestaciones por desempleo o por maternidad por un valor de más de 500.000 euros.

Las empresas investigadas tampoco habían presentado la declaración de operaciones con terceros ante la Agencia Tributario o habían declarado cantidades mínimas. Los domicilios sociales de inscripción en la Seguridad Social eran falsos y sus titulares eran desconocidos en las direcciones facilitadas. Además las empresas aparecían registradas con actividades de construcción, servicios de limpieza, carnicería y locutorio. La mayoría de estas empresas no desarrollaban actividad efectiva y el volumen de negocio del resto no se correspondía con el número de trabajadores contratados.