La vida rota de Ángeles

A veces Luis le acaba las frases a su mujer, Ángeles. Ella lo intenta, pero le cuesta hacerse entender. Para los números, usa los dedos de la mano izquierda. Los verbos se le resisten. El infinitivo le sirve para hablar en presente y en pasado. Por suerte, los ojos ayudan. "A veces por las noches sueño que puedo andar bien, que juego con mi hijo, que voy al colegio y le pregunto al profesor si le va bien", dice a su manera, entrecortada y dificultosa. "Y ahora", se señala a sí misma, con los ojos humedecidos. "¿Para qué?" Luis la ayuda: "Esos médicos le han roto la vida y no es justo".

Hay unos cuantos folios grapados sobre la mesa de la cafetería. Ahí está la justicia de la que habla Luis. Es viernes por la mañana y acaban de salir de los Juzgados de lo Penal, en Julián Camarillo, con la sentencia que llevaban esperando nueve años y medio. En esos folios se dice que los dos médicos que atendieron a Ángeles en el hospital Gregorio Marañón cometieron un delito de lesiones por imprudencia grave. El juez los condena a un año de cárcel a cada uno. También condena a una multa a dos residentes, de segundo y cuarto año, por una falta de lesiones por imprudencia leve. Ellas, por ser médicos en formación, tienen menos responsabilidad. Pero también la tienen.

Luis recuerda cómo fue el juicio, el 17 de septiembre. "Ver pasar a mi mujer y ver cómo ellos agachaban la cabeza, eso no hay dinero que lo pague". Costó mucho llegar hasta allí. Los médicos recurrieron todo lo recurrible para dilatar el proceso, explica el abogado, Álvaro Sardinero, de la asociación El Defensor del Paciente. "Veíamos que encima intentaban escabullirse y eso duele", tercia Luis. Él mismo resume lo que pasó: "Ángeles estaba sufriendo un ictus y pensaron que estaba loca. No le hicieron ninguna prueba".Con más detalle, más tecnicismos médicos y mucha jerga legal, la sentencia constata exactamente eso. El magistrado es tajante: "Podemos señalar sin ningún género de dudas que los acusados no actuaron conforme a la praxis médica exigible". Ángeles se acomoda mejor el brazo derecho, inerte, con el izquierdo y por signos indica el número 27. El día 27 de agosto de 2001 tenía 36 años y un niño de dos, el que ahora hace como que no escucha la conversación en la cafetería mientras juega con la consola. Era de noche y empezó a encontrarse mal, sin fuerza en el brazo derecho, mareada y con dolor de cabeza. Una ambulancia la llevó al Marañón y allí, tras examinarla, le diagnosticaron un "probable síndrome ansioso depresivo". El psiquiatra de guardia, residente de segundo año, le dio el alta con un lexatín y un paracetamol.

Al día siguiente, lo mismo, pero peor. Ángeles se desvanece, no se siente el lado derecho del cuerpo y no puede hablar. De nuevo en el hospital, la visitan las dos residentes de psiquiatría ahora condenadas, E. C. G., de segundo año, y M. M. R., de cuarto. La primera pide ayuda a la segunda porque las urgencias estaban llenas, señala la sentencia. Y las dos, por separado, llaman por teléfono a su adjunto, jefe del servicio de urgencias de la unidad de Psiquiatría, R. R. B., porque "el caso era complejo y había dudas". El médico, responsable de las dos residentes en formación y ahora condenado, no bajó a examinar a Ángeles ni pidió el informe del día anterior, "limitándose a indicar", recoge el fallo, "que fuera sedada y permaneciera en observación en la unidad de psiquiatría". Recomienda, además, "sujeción geriátrica".

Luis consigue que le dejen ver a Ángeles de madrugada. "Me la encuentro atada y con unos lagrimones... Hartita de llorar". Ella se acuerda de esa noche, de cómo intuía lo que le podía estar pasando, pero no podía ni decirle a la enfermera que se estaba orinando. "Yo lo veía todo y notaba la mitad del cuerpo como muerta, pero no podía hablar". Una enfermera del turno de noche escribió, tal y como consta en la documentación que llegó al juzgado, que Ángeles tenía "una ligera desviación de la comisura labial" y recomendó "vigilar" que no fuera a más.

Aún tendrían que pasar unas cuantas horas más. Por la mañana, el otro condenado, el psiquiatra C. P. M., la visita, pero no nota nada raro. Habla con el marido. "Le pedí por favor que le hicieran pruebas, que mi madre había tenido hace años un infarto cerebral y que los síntomas me parecían los mismos", recuerda Luis. También le dijo, como había estado haciendo desde el primer momento, que Ángeles había sufrido un tromboembolismo pulmonar cuatro años antes. Tenía antecedentes y los médicos los conocían desde que entró por urgencias. "No me hizo ni caso". Ese médico, asegura el magistrado, redacta un informe "que es una mera transcripción" del del día anterior.

Ángeles lleva casi 24 horas en el hospital cuando, por fin, le hacen un TAC. Diagnóstico: infarto isquémico de arteria cerebral media izquierda. Un ictus cerebral con muchas horas de desarrollo, cuando la Sociedad Española de Neurología asegura que debe tratarse antes de las seis para minimizar o evitar las secuelas. Se da la circunstancia de que el Gregorio Marañón es uno de los seis hospitales madrileños que tiene Unidad de Ictus. Fue tarde para Ángeles. No recuperó la movilidad del brazo y camina con dificultad arrastrando la pierna. No lo sabía, pero estaba embarazada aquel 27 de agosto. Le tuvieron que practicar un aborto terapéutico.

Los peritos son "tajantes", dice la sentencia. Con esos síntomas y esos antecedentes, deberían haber pensado en un trastorno neurológico. Uno de los expertos que revisaron el caso, neurólogo, se sorprende de encontrar en blanco los apartados de constantes (pulso, tensión arterial y temperatura). En su informe constata que no se hizo ninguna exploración neurológica, cuando la afasia (pérdida de la capacidad del habla) es un síntoma claro. Lo que tenía Ángeles era un "ictus in crescendo". "A medida que transcurre el tiempo las posibilidades de recuperación se reducen, como efectivamente sucedió", dice el magistrado. "Los acusados dejaron que el ictus se desarrollara con su falta de diligencia y su obrar incorrecto".

El fiscal del caso pidió que los médicos, sus aseguradoras y el hospital Gregorio Marañón indemnizaran a Ángeles y a su familia con 300.000 euros. La sentencia casi triplica esa cantidad: 880.000 euros. La condena de los médicos incluye inhabilitación durante un año. La de las residentes es una multa de 100 euros. Además, deben pagar las costas. La sentencia es recurrible. El abogado de Ángeles y Luis, Álvaro Sardinero, asegura que los médicos van a ir a la Audiencia Provincial. "El caso está tan claro que se arriesgan a que la condena sea aún mayor, pero ellos verán", aventura. Ángeles y Luis están dispuestos a esperar. Lo han hecho casi una década. "¿Qué es un año más?", se pregunta Luis.