Barcelona indigna a miles de autónomos al cobrarles la tasa de residuos
Miles de profesionales autónomos y comercios de Barcelona han recibido en las últimas semanas un certificado del Ayuntamiento en el que se les reclama el pago del denominado precio público de recogida de residuos comerciales. En muchos casos, la suma supera los 500 euros, puesto que incluye las cuotas que no han pagado desde 2007, fecha límite hasta la que el Consistorio puede reclamar el pago con efectos retroactivos.
La recepción de la factura ha generado la indignación de muchos profesionales, que aseguran que desconocían la existencia de esta tasa. Autónomos que trabajan en casa y exclusivamente con medios informáticos y telemáticos, como los traductores y diseñadores, denuncian que no deben pagar este servicio porque su actividad no genera ningún residuo. El Ayuntamiento asegura que su deber, en cumplimiento de una ley de 2003, es cobrar este servicio a todos los titulares de una actividad comercial.A la traductora Ester Blasco, la factura del Ayuntamiento, de un importe de 379 euros, le ha "dolido mucho" porque le ha llegado "por sorpresa, en plena cuesta de enero", y porque, en su opinión, corresponde al pago de un servicio municipal que ella no utiliza. ¿Qué residuos genero si mis únicas herramientas de trabajo son el ordenador y un teléfono? Ni siquiera utilizo papel, todos los trabajos de traducción los mando vía telemática", señala Blasco. "Es un atraco", dice Blasco, mostrando la factura que el Ayuntamiento de Barcelona le mandó a finales del pasado diciembre, la cual incluye las cuotas que la profesional debería haber pagado entre 2007 y 2010.
El Ayuntamiento dice que en toda actividad se producen desechos
El cotejo de datos con Hacienda ha descubierto a los que eludían la tasa
El cruce de la base de datos del Ayuntamiento sobre las actividades comerciales dadas de alta en la ciudad con los datos de la Agencia Tributaria ha permitido sacar a la luz la lista de quienes eludían el pago de este "precio público", que todos los Ayuntamientos cobran -aunque en la mayoría de los municipios se denomina tasa- en cumplimiento de una ley de 2003. El Consistorio de Barcelona se niega a facilitar la cifra de los "morosos" porque, según argumenta, "aún no se ha depurado toda la información" obtenida gracias al cotejo de datos.
Muchos de los afectados aseguran que nunca han pagado este tributo porque desconocían su existencia y se quejan de que el Ayuntamiento les reclame ahora el pago de las cuotas impagadas con efectos retroactivos. Es el caso la traductora Ester Blasco y también el de Núria Mayral, titular de una pequeña papelería del Poble Sec de Barcelona. "Mi comercio fue dado de alta como actividad económica en 2008 y nadie me dijo que tenía que pagar este servicio. Ahora me llega un certificado del Ayuntamiento en el que me piden 566 euros correspondientes a los últimos tres años. No me niego a pagar, pero antes el Ayuntamientro debería informarse de qué residuos genera mi comercio: una cajita de cartón a la semana que yo misma deposito en el contenedor correspondiente", afirma Mayral.
Un portavoz del Instituto Municipal de Hacienda de Barcelona considera inconcebible la "excusa" del desconocimiento. "Cuando alguien da de alta una actividad comercial, ya sea personalmente o a través de un gestor, lo lógico es que se informe sobre todos los impuestos que deberá pagar", señala. Las mismas fuentes agregan que, tras dar de alta el negocio en la Agencia Tributaria, es preceptivo realizar una declaración de los residuos que generará la actividad.
El Ayuntamiento también rechaza los argumentos de algunos profesionales independientes que aseguran que no generan residuos. "Cuesta imaginar una actividad sin un mínimo de residuos. Siempre habrá una impresora con un tóner que hay que cambiar o la correspondencia que llega en un sobre que se desechará", afirma el portavoz municipal. Estos profesionales, agrega, están clasificados como "generadores mínimos" y la cuota no llega a 100 euros anuales. Pero muchos de estos profesionales consideran que no deberían pagar nada por la recogida de residuos. Las quejas de numerosos autónomos independientes ya motivaron en 2008 que la entonces síndica de greuges de Barcelona, Pilar Malla, recomendara al Ayuntamiento de Barcelona que eximiera del tributo de recogida de residuos a los profesionales que trabajan en su domicilio y que realizan su labor "con medios informáticos y telemáticos".
El Consistorio denegó la petición de Malla argumentando que la ley obliga a cobrar el servicio a cualquier titular de actividad comercial y que ya aplica una cuota mínima para actividades generadoras de un volumen reducido de residuos.
Según el Ayuntamiento, el coste de la recogida y el transporte de residuos comerciales en la ciudad ascendió en 2009 a 27,1 millones de euros, mientas que los ingresos por el pago de los contribuyentes por este servicio fueron de 18,6 millones. "Solo cubrimos el 68% del coste del servicio", indica el Consistorio.
