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Atentado en EE UU

El Congreso recibe iniciativas para el control de armas

El presunto asesino compró su pistola gracias a la laxitud legal en Arizona

El único hecho probado de todo lo relacionado con la matanza de Tucson es que el presunto asesino, Jared Loughner, un desequilibrado mental, compró legalmente un arma poderosísima a pesar de poseer antecedentes como los de una detención por consumo de drogas y haber sido rechazado por el Ejército. Al margen del inevitable debate político sobre este caso, algunos congresistas comenzaron ayer a hacer lo más práctico: introducir iniciativas legislativas con intención de aumentar el control de las armas de fuego.

Ni siquiera en el clima de consternación dejado por los sucesos de Arizona va a ser fácil que esa legislación prospere. La cultura de las armas está demasiado introducida en la sociedad norteamericana como para revertirla por este crimen. El número de estadounidenses que apoyan las armas ha ido precipitadamente en aumento en los últimos años, mientras que las medidas de control han disminuido de forma significativa. En Arizona, el Estado más tolerante del país, prácticamente no existe ninguna.

Los Estados republicanos han suprimido casi todas las restricciones

Esta parece, no obstante, una buena ocasión para intentar modificar esa situación, y algunos congresistas quieren aprovecharla. La representante por el Estado de Nueva York Carolyn McCarthy ha presentado una propuesta para prohibir los cargadores de múltiples balas que le permitieron a Loughner hacer 31 disparos con una sola pistola y matar o herir a 19 personas. Otras medidas de control podrían añadirse a esa legislación.

McCarthy, cuyo marido murió asesinado por un arma de fuego en 1993, cuenta con el apoyo del demócrata Frank Lautenberg en el Senado e intenta conseguir el respaldo de algunos republicanos para darle a su iniciativa ciertas posibilidades. Ayer se esperaba que un representante republicano también de Nueva York, Peter King, se sumase a la acción de McCarthy con una propuesta para impedir el acceso con armas a un perímetro determinado en torno a instalaciones del Gobierno.

Detrás de la actuación de esos congresistas se encuentra en parte el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, un firme defensor del control de las armas de fuego, junto a un grupo de alcaldes notables que intentan que los ciudadanos, bastante indiferentes al peligro de las pistolas, tomen conciencia de la importancia de este asunto. Uno de ellos, el alcalde de Chicago, Richard Daley, dijo ayer que Estados Unidos de había convertido en los últimos años en "una máquina de matar".

No es ninguna exageración. Según el grupo Campaña Brady, que lleva el nombre del jefe de prensa que recibió un tiro durante el intento de asesinato de Ronald Reagan, entre 1979 y 1997 murieron más personas en este país por armas de fuego (651.697) que en todas las guerras en las que ha participado desde la Revolución Americana (650.858).

La situación solo ha empeorado desde el final de esa estadística. En 2009, cerca de 10.000 personas fueron asesinadas por disparos. En los años noventa, alrededor de un 75% de los norteamericanos eran partidarios de medidas de control de las armas; una encuesta publicada ayer por Gallup reducía esa cifra al 44%. La mayor influencia política de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en sus siglas en inglés), unida al ascenso del Tea Party, han permitido en los últimos dos años acabar prácticamente con todas las restricciones que existían en los Estados que han pasado a gobernar los republicanos.

En Arizona, por ejemplo, la mayoría republicana eliminó la prohibición a portar armas escondidas en espacios públicos, como centros comerciales, bares o restaurantes -pronto también en las universidades-, y levantó el veto a los famosos cargadores múltiples que resultaron tan efectivos para consumar la matanza del sábado. Gracias a las reformas introducidas por los republicanos, Loughner pudo comprar su Glock 19 en una tienda de deportes de Tucson al instante, sin ningún plazo que permitiera comprobar sus antecedentes.

Con su supuesta defensa a ultranza de la Constitución, el Tea Party ha hecho bandera de los derechos consagrados en la Segunda Enmienda, que permite el uso de las armas. No se menciona, por ejemplo, que la Constitución, si no hubiera sido corregida, permitiría también la esclavitud. Pero lo cierto es que esto es una doctrina innegociable para la derecha.

Hasta tal extremo y de forma tan grave que una de las grandes representantes del Tea Party, Sharron Angle, la candidata a senadora por Nevada derrotada in extremis, pronunció durante la campaña de noviembre la célebre frase de que "si el Congreso sigue actuando de esta manera, la gente va a tener que buscar remedios en la Segunda Enmienda".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de enero de 2011