Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

La fiscal pide pena de muerte para el acusado de la matanza de Tucson

Jared Lee Loughner contesta a todas las preguntas en su primera comparecencia ante el juez en Phoenix, que le niega la fianza y le acusa del asesinato de seis personas

Con un corte en la sien derecha provocado durante la lucha que mantuvo con los hombres que evitaron que la matanza fuera mayor; con la cabeza rapada, esposado y vistiendo el uniforme color camel de preso de la penitenciaría del condado, Jared Lee Loughner ha comparecido este lunes ante un juez de la ciudad de Phoenix, que le ha acusado del asesinato de seis personas y de herir a otras 14, incluida la congresista Gabrielle Giffords, 40 años, que sigue en estado crítico.

Loughner no miró directamente a los ojos a nadie salvo al juez que le leyó los cargos. Impasible y sereno, el joven de 22 años que provocó una masacre el pasado sábado en Tucson movía sus ojos muy rápidamente de un lado a otro y solo posaba su mirada en el techo, evitando el escrutinio visual de la prensa y el público que asistía a la vista. El juez dictó que Loughner seguirá en la cárcel a la espera de juicio y le denegó la fianza. Preguntado si entendía los derechos que se le leyeron, el pistolero contestó con un muy claro. Todas y cada una de las preguntas que le hicieron fueron contestadas.

Loughner fue acusado el domingo por el Gobierno de EE UU de cinco cargos, dos de ellos de asesinato -el del juez federal John Roll y el del asistente de la congresista, Gabriel Zimmerman- y otro de intento de asesinato -el de Giffords-. Este lunes, el juez de Phoenix ha aumentado esos cargos y ha extendido los delitos de asesinato para las siguientes víctimas: la pequeña de nueve años Christina Green; Dorwan Stoddard, de 76; Phyllis Schneck, de 79, y Dorothy Morris, de 76.

Junto a Loughner se encontraba la letrada que finalmente representará al acusado, después de que la Justicia de Arizona reconociera tener un conflicto de intereses a la hora de juzgar a Loughner, asesino no convicto del juez John Roll. Judy Clark, fiscal en San Diego y que formó parte del grupo de abogados que representó a Timothy McVeigh, acusado de volar un edificio federal en la ciudad de Oklahoma en 1995 causando la muerte de 168 personas, representará finalmente a Loughner. McVeigh fue ejecutado en 2001 con una inyección letal en Indiana. McVeigh mereció la muerte, según el jurado que le encontró culpable.

Para la fiscal de Pima -condado al que pertenece Tucson-, Barbara LaWall, si existe otro caso que pide a gritos la aplicación de la pena de muerte es el del tiroteo de Arizona que ha acabado con la vida de seis personas y tiene a la congresista de EEUU Gabrielle Giffords debatiéndose entre la vida y la muerte. La sangre se paga con sangre en el sistema judicial estadounidense.

Estigma de sangre

Tucson intenta conjurar el estigma de sangre que ya siempre llevará la ciudad con explicaciones que no parecen convencer a nadie, ya que lo sucedido no califica dentro de los parámetros del sentido común. El sol luce en su plenitud. No hay una sola nube en el cielo pero el aire es frío y te deja helado. "Tardaremos tiempo en recuperarnos", dice Robin Acevedo a la apuerta del Centro Médico en el que se encuentra hospitalizada la congresista Giffords mientras se sacude las manos para que le entren en calor. "Hemos vivido los últimos meses con mucha tensión", prosigue Acevedo, enfermero, ciudadano norteamericano pero de padres mexicanos que tras 30 años en el país siguen viviendo sin papeles.

Acevedo se refiere a la promulgación de la ley que la gobernadora del Estado, la republicana Jan Brewer, dictó para declarar proscrito a cualquier sospechoso de no tener en regla su residencia por su simple apariencia física. "Hemos vivido con miedo", dice. "Pero nunca pensamos que algo así podría pasar", prosigue Acevedo a pesar de que quiere dejar claro que no une el tiroteo a los grupos antiinmigración. Pero dicho está. Más palabras que se suman a otras que se sumaron a unas terceras y que han creado un clima de violencia verbal cuyas consecuencias tienen sumido al país en un debate político cuyas consecuencias están aún por ver.

Mucho se hablaba este lunes en los corrillos formados a las puertas del hospital de que el hecho de que la política demócrata llegara al centro médico evacuada en helicóptero 38 minutos después de que la bala le atravesara la cabeza fue determinante en su salvación. Eso, y que el proyectil no le cruzó el cerebro de lado a lado, que entrase por la parte trasera del cráneo y saliera por la delantera y que solo tocase el lado izquierdo, ya que en los casos en los que la bala afecta a a ambos lados del hemisferio cerebral los índices de mortalidad son altísimos.

Giffords se encuentra estable y los médicos seguían confirmando que la paciente tenía la capacidad para responder a estímulos externos moviendo un dedo o apretando la mano. "Puede sonar muy simple, pero la posibilidad de que pueda hacerlo es un buen signo en un paciente con daños cerebrales de que el hemisferio dominante del cerebro no ha sido dañado", declaraba un doctor del equipo médico que atiende a la congresista. Si Giffords salva la vida, su recuperación le llevará meses. Y pasarán semanas antes de que se sepa cómo será esa recuperación. Lo mismo pasará con Tucson, tocada ya de por vida por la violencia sin sentido de las armas de fuego.