España pidió ayuda a la CIA para bloquear una planta química en Libia
Técnicas Reunidas nunca logró hacer la fábrica por la sospecha del Gobierno de que fuera usada para elaborar combustible destinado a los misiles Scud
El Gobierno español requirió la ayuda de la CIA para que informase en contra de la construcción de una planta química española en Libia, dedicada a fabricar ácido nítrico destinado a elaborar explosivos para la minería, a fin de justificar así su negativa a dar luz verde al proyecto. Este corría a cargo de la firma Espindesa, filial del importante grupo Técnicas Reunidas. Según fuentes de la empresa, el origen de la prohibición fueron los atentados islamistas del 11-S de 2001, ante la posibilidad de que la factoría fuera usada por los libios para fabricar combustible para los misiles Scud. Hoy aún está pendiente en los tribunales una demanda presentada por Técnicas Reunidas contra el Estado.
La empresa tenía suscrito con Gadafi un acuerdo por 6,5 millones de euros
El barco con los materiales zarparía días después de los atentados del 11-S
EL CNI temía que un golpe de Estado pudiera derrocar al líder libio
La demanda de Espindesa contra el Estado pende aún de los tribunales
La historia comenzó en 2000, cuando Técnicas Reunidas logró un contrato para montar la planta en Libia. Esta empresa líder en el sector, especializada en la construcción de plantas industriales y centrales de energía, forma parte del Ibex 35. A cambio de la instalación, la firma española tenía previsto recibir 8,5 millones de dólares (6,50 millones de euros).
Todos los componentes de la fábrica, a modo de un enorme rompecabezas, estaban ya embarcados en un buque que zarparía hacia Libia el 23 de septiembre de 2001. Pero solo unos días antes de esa fecha se produjeron los sangrientos atentados del 11-S... y todo cambió en Estados Unidos y en el mundo. Ante la sospecha de que la tecnología de la factoría fuese empleada para fines militares, la operación fue abortada. Toda la maquinaria quedó depositada en un almacén de Valencia.
Pasados cuatro años, Tomás Rodríguez Pantoja, embajador en misión especial para Asuntos de Desarme, planteó en octubre de 2005 el empeño de la empresa Espindesa de hacer en Libia esta fábrica. Durante una cumbre bilateral España-Estados Unidos, Rodríguez Pantoja explicó que Espindesa venía luchando por edificar esta factoría desde 2000. Pero el Gobierno español había consultado la operación con Estados Unidos, el cual alertó en mayo, y después en septiembre de 2001, para que bloqueara la construcción argumentando que esta podría ser reconvertida con facilidad para la producción de combustible para misiles libios Scud. Ante ese aviso, las autoridades de Madrid paralizaron la planta química y prohibieron la operación durante un periodo de tres años (cable número 42109).
El embajador español recalcó que la compañía española había demandando al Gobierno por su negativa a autorizar el proyecto, y que el caso estaba aún pendiente en los tribunales. Mientras tanto, todos los elementos destinados a esa planta habían sido almacenados en Valencia a la espera de que la operación tuviera luz verde.
Rodríguez Pantoja hizo notar que la moratoria decretada por el Ejecutivo español había expirado y que entre tanto Libia había comenzado a ser un país "normal" dentro de la comunidad de naciones. En ese momento, Espindesa volvió a pedir permiso al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para hacer la planta, argumentando que ya habían expirado los tres años de congelación de la operación y que Libia se había convertido en un país amigo y cooperador. El diplomático español remarcó que el Gobierno del coronel Muamar el Gadafi había insistido ante la Embajada española en Libia para que permitiera este negocio.
El embajador declaró que no creía que la construcción debiera ser autorizada. También lo creía así el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el argumento de que el Gobierno libio podía haber cambiado, pero que también cabía la posibilidad de que algún día hubiera un golpe de Estado del que emergiera un régimen menos amigable y responsable que el de Gadafi. Rodríguez Pantoja recalcó que Libia poseía 400 misiles Scud de alcance medio con la capacidad de llegar a Israel y que la fábrica de ácido nítrico podría ser fácilmente reconvertida para fabricar minas explosivas y combustible para los misiles. El lobby libio presionaba ante la Embajada de España para que se reabriera el caso.
Según los cables diplomáticos conocidos ahora, Rodríguez Pantoja dijo que si Estados Unidos apoyaba oficialmente la oposición de Madrid sobre tal proyecto en Libia, eso podría fortalecer la posición del Ministerio de Asuntos Exteriores español en relación con prologar la prohibición hasta 2008. Tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como el CNI querían contar, pues, con la complicidad y el respaldo de Estados Unidos para ganar la batalla encaminada a mantener el bloqueo durante tres años más.
Rodríguez Pantoja comentó que el norteamericano Vann Van Diepen, director de la Oficina para la Reducción de la Amenaza de Misiles (ISN-MTR), pensaba que Estados Unidos respaldaría la posición española aunque no podría confirmarlo hasta que regresara a Washington. El diplomático español le sugirió a su interlocutor que EE UU podría dar su respuesta a través de los habituales contactos entre la CIA y el CNI.
Unos meses antes, en concreto en mayo de 2005, Javier Hergueta, entonces subdirector general de Relaciones Económicas Bilaterales con Europa y Países de la OCDE, ya había solicitado una reunión con el encargado de asuntos políticos de la Embajada de Estados Unidos en Madrid para abordar este mismo caso (cable 32935).
Hergueta, que en la actualidad es embajador en Yemen, explicó al diplomático norteamericano que Espindesa había preguntado al Ministerio de Asuntos Exteriores si este podía actuar como un interlocutor "informal y discreto" entre la empresa y el Gobierno de Washington. Espindesa, según Hergueta, había firmado en 1999 un contrato con el Gobierno libio para construir una fábrica de ácido nítrico en Libia por 8,5 millones de dólares.
Por su parte, la compañía Espindesa pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores una aproximación al Ejecutivo de Estados Unidos, después de que el Gobierno de Trípoli hubiera contactado con la empresa para intentar seguir adelante con el proyecto. Espindesa recalcó entonces que no quería verse expuesta a ser sancionada y que no deseaba provocar la ira de Estados Unidos. Hergueta prefirió tratar el asunto en una reunión con el encargado de Asuntos Políticos, en lugar de hacerlo mediante una nota diplomática, de forma que la gestión fuera lo más discreta posible.
Fuentes del grupo Técnicas Reunidas, que preside el ex ministro José Lladó Fernández-Urrutia, han informado ahora que el proyecto quedó descartado ante las dificultades para llevarlo adelante. Parte del material destinado a la planta química de Libia fue vendido o utilizado en otras fábricas, a la vez que la aseguradora Lloyd's abonó una parte del coste del frustrado proyecto. El asunto sigue pendiente de una decisión en los tribunales.
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