La 'ley Sinde', en la sala de reanimación

El enfermo está crítico pero aún quedan esperanzas de reanimación. Al menos así lo cree el Gobierno. La llamada ley Sinde quedó en coma profundo tras el batacazo sufrido en la votación del martes en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. Aún faltan dos meses hasta el asalto final en el Senado- adonde llega el 15 de enero-. Tiempo suficiente, consideran varios miembros del Ejecutivo, para salvar la molesta disposición final de la Ley de Economía Sostenible (LES), que nació con aspiraciones de pasar desapercibida -pese a que venía a regular viejos y muy importantes problemas del sector de la cultura- y se ha convertido en uno de los debates más incendiados del año.

El grupo catalán apoya el cierre de webs de descargas no autorizadas

Pérez Rubalcaba: "A ver si de esta derrota podemos sacar un consenso"

Para este rescate, según fuentes socialistas, será necesario un diálogo con CiU. Se parte de la base de que la formación catalana apoya el cierre de páginas web que sirvan sin autorización contenidos sujetos a derechos de autor. ¿Por qué entonces se negó a dar ese apoyo en su trámite de la Cámara baja? En la negociación a contrarreloj que se produjo a principios de la semana, CiU exigió peajes (de naturaleza económica y fiscal) que el PSOE no estuvo dispuesto a pagar.

Pero las cosas podrían haber cambiado. Los diputados socialistas que han mantenido diálogos con dirigentes de CiU creen que el grupo catalán apoyaría la normativa en el Senado tras la introducción de leves correcciones en el texto original encaminadas a reforzar con nuevas garantías el proceso administrativo y judicial. Las garantías que integran la oferta versarían sobre la naturaleza de los miembros de la Comisión de Propiedad Intelectual (es fundamental para los catalanes que la imparcialidad de estos quede probada); sobre la introducción de una comisión de mediación y arbitraje en la ecuación y sobre la ampliación en algunos días del plazo máximo en el que la Audiencia Nacional debe resolver si autoriza o no el cierre de páginas web.

A nadie se le escapa que el clima de entendimiento escenificado ayer en la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat (gracias a la abstención del PSC) resulta propicio para el acuerdo. También lo son las declaraciones ayer, al término del Consejo de Ministros, de Alfredo Pérez Rubalcaba. El vicepresidente anunció que se buscará el consenso no logrado "en las semanas pasadas". "Vamos a ver si de esta derrota parlamentaria, que lo fue, conseguimos sacar un consenso, que lo hay, para regular nuestra propiedad intelectual".

La asunción del fracaso por parte de Rubalcaba se torna en crítica abierta entre algunos dirigentes socialistas en conversaciones privadas. Hay cierto malestar en el tratamiento que durante meses se hizo del texto y también en su mismo origen: pese a su trascendencia pública fue incorporado casi de matute a la LES como una disposición final. Un destacado miembro del PSOE lo explicaba ayer con contundencia: "Nadie se ocupó, ni la ministra, que no tuvo suficiente cintura política para negociar el texto; ni el portavoz de la comisión de Cultura [José Andrés Torres Mora], que se ha borrado de esta negociación; ni la ministra de Economía, que estaba para otras cosas... Y al final, la misión imposible se encomendó a José Enrique Serrano, el jefe de gabinete del presidente del Gobierno, que es como el hombre de los platos chinos, que mantiene en movimiento demasiados asuntos y alguno acaba rompiéndose".

Torres Mora, portavoz de Cultura del Congreso, resta responsabilidad a esos factores. "Los únicos culpables de que no saliese la ley son los que votaron en contra. La ministra ha tenido el apoyo de todos. De Presidencia, del gabinete de la presidencia y de todo el partido", aseguró ayer a este diario. "En cuanto a mi papel, responde al funcionamiento normal del Parlamento. Se ha tramitado una ley que afecta a la sostenibilidad de la economía, y esta debe ser discutida en la comisión correspondiente. Se han tocado asuntos medioambientales, educativos... Y no han participado los portavoces de esas áreas, de ahí que yo, por respeto, no me inmiscuyese".

Sí lo hizo, y de un modo muy activo, José María Lasalle, su homólogo en el Partido Popular, que desplegó una ardiente defensa el martes de los puntos de vista de su partido sobre una ley antidescargas, a la que siempre se han opuesto por considerarla escasamente garantista. "Tenemos voluntad de entendimiento. Creo que este batacazo y el tiempo que nos queda hasta el Senado nos permitirán articular el discurso. "Estamos dispuestos a un pacto de Estado para salvaguardar los derechos de autor y al mismo tiempo la seguridad jurídica de la Red", aclaró anoche Lasalle, que lamentó que el debate sobre la ley Sinde se dejase para el último minuto, cuando "ya no había capacidad para tomar decisiones con la cabeza". ¿Cuál sería la condición sine qua non para alcanzar ese pacto? "Ajustes en la aplicación indiscriminada del canon digital para que se adecue a la normativa de la UE y podamos por fin enfrentar nuevas formas de negocio en la Red".

Una atenuación del canon que fue, precisamente, uno de los argumentos en la negociación entre el PSOE y el PP, el último cartucho antes de que el Gobierno dejase caer la norma. "Ofertas generosas", las definió ayer Rubalcaba, que evitó los lamentos: "No importa. Vamos a volverlo a intentar porque esto es muy relevante".