El Gobierno pidió a EE UU que presionase al PP, CiU y PNV

El Gobierno español solicitó a los representantes de Estados Unidos en Madrid su ayuda para suavizar las posiciones del PP, PNV y CiU ante la llamada ley antidescargas y hacer más fácil su trámite parlamentario. Un proceso legislativo que hoy, previsiblemente, dará un paso decisivo en el Congreso de los Diputados. Los cables diplomáticos analizados por EL PAÍS describen las reuniones mantenidas en la legación diplomática durante los dos últimos años por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde; el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y altos cargos del Gobierno socialista; especialmente el ex secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros.

La Embajada de EE UU: "Nos interesa apoyar los esfuerzos de la ministra"

La aprobación definitiva de la polémica ley antidescargas contenida en el articulado de la Ley de Economía Sostenible, aparece a la luz de los cables como la materialización de una sintonía de intereses entre el Gobierno de España y Estados Unidos (y de la industria cultural), planteada desde 2004 y desarrollada en un meticuloso plan, tal y como ya avanzó EL PAÍS el pasado día 3.

A medida que los telegramas diplomáticos se aproximan al presente, los contactos y la relación entre los altos cargos españoles y estadounidenses se hacen más fluidos. También parece mucho más profundo el conocimiento de la Embajada de EE UU acerca de la realidad del uso de Internet en España y de los resortes que la lucha contra la llamada piratería mueven tanto en la ciudadanía como en los partidos políticos.

En 2008 la labor de información que el Gobierno socialista realiza en la legación estadounidense es intensa y de los cables se deduce que Washington ya intenta supervisar los pasos que da España. El entonces secretario de Estado Francisco Ros trata de apaciguar al entonces número dos de la embajada, Hugo Llorens, ante la insuficiencia de los avances en la lucha contra la llamada piratería. "Advirtió de que los sistemas legales de EE UU y España no son compatibles y que podría ser imposible dar los pasos exactos que el Gobierno de EE UU quiere". La figura de Ros reaparecerá en el futuro, pero pronto los encuentros alcanzan también el nivel ministerial.

En la primera reunión que, como ministra, mantuvo en junio de 2009 González-Sinde con el número dos de la Embajada de EE UU, Arnold A. Chacón (cable 213345), se sientan las bases para que expertos seleccionados por Washington asesoren "con visitas o por videoconferencia" a altos cargos de Cultura. En esa reunión González-Sinde describe la situación que viven los principales actores implicados en la lucha contra las descargas sin autorización: "Dijo que sería ideal si los proveedores de contenidos y las ISPs

[empresas que brindan conexión a Internet a sus clientes] pudieran alcanzar acuerdos sobre medidas para luchar contra la piratería tal y como ha ocurrido en EE UU, pero que las ISPs, con Telefónica a la cabeza, no parecían desearlo". En este mismo cable el representante de EE UU admite: "Nos interesa apoyar sus esfuerzos".

En enero de este año es el ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien pasa por la embajada. Allí expresa, según los telegramas, dos opiniones que muestran los intentos de los miembros del Ejecutivo por explicarse ante EE UU y por conseguir su ayuda. El ministro trata de fundamentar en primer lugarpor qué en España los usuarios de Internet se descargan más contenidos no autorizados que en otros países: "(...) Sebastián dijo que muchos españoles piensan que el 'canon digital' (...) les da derecho a descargarse todo lo que quieran". Además, Sebastián pide al embajador que influya en la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, e intente "que pare" de reunirse con internautas. "[Sebastián] Estaba particularmente preocupado porque el Gobierno regional de Madrid había estado organizando reuniones con internautas. (...) Dijo que sería de mucha ayuda que el embajador pudiera animar a la presidenta regional a que parase. El embajador aceptó sacar el tema cuando se encuentre con la presidenta regional".

Pero quizá el telegrama que mejor resume la sorprendente, por meticulosa y profunda, implicación de EE UU en la lucha contra las descargas no autorizadas en España es el número 248887. En él se repasan con mucho detalle los encuentros, en febrero de 2010, del número dos de la oficina de Comercio de EE UU, Christopher Wilson, con representantes de la industria cultural (la Coalición de Creadores), el Gobierno y el PP.

Tres meses antes, influyentes internautas habían protagonizado una protesta en la Red contra la ley antidescargas y el PP se había alineado junto a ellos, presentándose como el partido que comprendía las aspiraciones de los jóvenes. El secretario de Comunicación del PP, Esteban González-Pons, acusó a Cultura de "tirar por la ventana la protección de las garantías de los derechos civiles" y aseveró que la ley equivalía a "quemar libros para evitar la circulación del pensamiento".

Esta deriva del PP preocupa no solo a Estados Unidos y al Ejecutivo de Zapatero. Ante la reticencia del PP, también piden ayuda los representantes de la industria cultural que, según los telegramas, apelan a razones ideológicas para tratar de convencer a la bancada popular: "Los dueños de los derechos [la Coalición Creadores] están preocupados porque el PP puede tumbar o entorpecer la legislación [la ley antidescargas] por ganancia política", afirma el cable, y añade: "Miembros de la Coalición urgieron a Wilson y a la embajada a que recordaran a los diputados del PP su interés ideológico en la protección de la propiedad privada y su fuerte vínculo con Estados Unidos".

Además, el presidente de la Coalición, Aldo Olcese, explicó, según los cables, que habían encontrado "el 'modelo español' para combatir la piratería (...) Las industrias culturales, dijo, no quieren convertir en enemigos a millones de internautas amenazándolos con castigos".

Por otro lado, se pone de manifiesto que la propia industria cultural española hace presión para que España aparezca en la lista negra de EE UU de países donde la llamada piratería no se persigue según los deseos de Washington. "[El presidente de Promusicae, Antonio] Guisasola confirmó que la industria musical española apoya la inclusión de España en la lista negra

[sobre piratería, de la oficina de Comercio de EE UU].

En esa misma ronda de contactos, Wilson se reúne con el ex secretario de Estado Francisco Ros y con el director general de Política Cultural, Guillermo Corral. Ambos le piden explícitamente que medie ante el PP. "Ros y el director general Corral (...) pidieron ayuda al Gobierno de EE UU no solo con el PP, sino también con dos partidos más pequeños cuyos votos podrían afectar al resultado".

Corral además se extiende en la labor de aggiornamento del alto cargo estadounidense respecto a la realidad española: "Corral recuerda que los jueces en España han declinado sancionar a los dueños o gestores de tales páginas debido a la falta de un ánimo de lucro claramente definido tal y como requiere el Código Penal (...) pero cree que, si un cuerpo administrativo ordenase su bloqueo, los jueces probablemente lo autorizasen".

En esa ronda de contactos, Wilson se cita con el secretario de Economía del PP, Álvaro Nadal, quien, siempre según los cables, se muestra de acuerdo con el fondo de la ley. Nadal dijo que el PP no está lejos del Gobierno en las medidas contra el cierre de páginas web recogidas en el borrador de la Ley de Economía Sostenible. El PP apoya una fuerte protección de la propiedad intelectual y está de acuerdo en que se debe hacer algo sobre las webs piratas (...) pero quiere un proceso 100% judicial (...). La objeción del PP es puramente legal y esta es la única área de desacuerdo con la propuesta".

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