De La Rambla a los tribunales

Pajareros de La Rambla, los que se reconvirtieron en vendedores de helados, o de entradas de museos y de encuentros del Barça y el Espanyol, o de turrones, o de marionetas, o de bolsos, y el Ayuntamiento de Barcelona acabarán viéndose en los tribunales por el cierre de los comercios impuesto vía amortización.

Los siete titulares de los 11 negocios de la acera central de La Rambla, entre Carme y plaza de Catalunya, decidirán hoy qué postura tomar. Son titulares de una concesión indefinida -algunos son titulares de tercera generación -del Instituto de Mercados de Barcelona. Es decir, son quioscos del mercado de La Boqueria trasladados al exterior. El 26 de noviembre de 2009 firmaron un convenio para su reconversión en otras actividades, ya que la venta de animales -tal como lo hacían- quedaba prohibida en aplicación de la Ley de Protección de Animales de la Generalitat y de la ordenanza municipal. Ese convenio dice al final que todas las partes "reconocen la conveniencia y necesidad de permanecer en el tiempo más allá de las personas que lo firman". De lo dicho, nada. El lunes pasado el gerente municipal Eduardo de Vicente les informó de que los puestos se cerraban.

Nadie en el Consistorio barcelonés quiere aventurar ninguna cifra de las indemnizaciones que eso supondrá. No será baja si se tiene en cuenta que están en la misma Rambla, que tienen una concesión indefinida, que han hecho inversiones para la reforma que les fue exigida -entre 15.000 euros y 90.000 según los puestos- y que supondrá la pérdida de trabajo para unas 80 personas, según estiman los comerciantes.

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, tampoco quiso aventurar cuál será el coste para las arcas de la ciudad: "ya lo haremos, no hay fecha, se tiene que ir hablando. Lo importante es tomar medidas para esponjar el paseo central y que sea más para pasear". A la pregunta de por qué no se tomó esa decisión hace un año, en vez de forzar una reconversión que a nadie gustó y que ha costado dinero -240.000 euros- al propio Consistorio, Hereu intentó justificar el cambio de opinión porque los comerciantes "han sobreocupado La Rambla", una afirmación que es negada taxativamente por los comerciantes afectados: "Las licencias y la reconversión se hicieron siguiendo su proyecto", afirma Mónica Trias. Ella y otros afectados están de acuerdo en que hay que aligerar el paseo, pero señalan otras actividades: "nosotros pagamos impuestos y, en cambio, protegen más a las estatuas".

También se ve la mano de otros intereses en su expulsión del paseo por el que transitan 70 millones de personas al año y apuntan a los hoteles que rodean esa zona de La Rambla a uno y otro lado. La oposición municipal en el Consistorio aprovechó ayer la rectificación de Hereu para echarle en cara la falta de criterio con los pajareros de La Rambla. La medida del cierre de los puestos fue bien acogida por la asociación de Amics de La Rambla.