Trichet trae la calma

La intervención del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, tras la reunión del consejo de Gobierno de la entidad, fue suficiente para disipar (al menos hasta la próxima convulsión financiera) la inquietud de los inversores, sostener las subidas de los mercados de renta variable y reducir las primas de riesgo de los países más tocados por la presunción de insolvencia, como Irlanda, Portugal y, en segundo plano, España. Las declaraciones de Trichet no fueron tan claras como pretendían los partidarios de que anunciase compras masivas de activos de deuda, pero sugirieron con suficiente firmeza que la institución mantendrá el tono adaptativo de las inyecciones de liquidez, que las prorrogará hasta el primer trimestre del próximo año y que ejecutará (con discreción) las eventuales compras de los bonos públicos hoy más amenazados.

Es evidente que el BCE ha estado sosteniendo el precio de los correspondientes títulos de los tesoros irlandés y portugués. Las cuantiosas compras de deuda pública están justificadas por la delicada situación del euro; el BCE ha hecho lo que debía y es de esperar que siga atento a la evolución de las perturbaciones de los mercados. Es una advertencia firme a quienes mantienen posiciones vendedoras sin más fundamento que la presunción de que las instituciones europeas y las autoridades nacionales serían incapaces de neutralizar las tensiones especulativas en los mercados.

Hace bien el BCE prorrogando las inyecciones excepcionales de liquidez y advirtiendo a los vendedores de bonos. El análisis de Trichet de que la eurozona necesita más integración también es correcto. La dirección acertada es acelerar la unificación económica de quienes comparten moneda; la dirección equivocada es promover diferentes velocidades en la integración.

La intervención del BCE no exime a los Gobiernos de tomar decisiones que refuercen la solvencia de las deudas nacionales. En el caso español significa que el Banco de España acelere la transmisión de información relevante sobre las entidades del sistema bancario bajo su supervisión. Significa también que Gobierno y PP deberían compartir públicamente el propósito de evitar que la financiación autonómica sea objeto de sospecha para los inversores en bonos públicos, dentro y fuera de España.

Mientras cesaba la tempestad financiera sobre la deuda, las estadísticas de paro correspondientes al mes de noviembre volvían a retratar la alarmante situación del mercado laboral. El número de parados registrados aumentó en 24.318 personas y situó el número total en 4.110.000. La interpretación oficial se ha decantado, otra vez, por el optimismo. En este caso, se sostiene que el mercado laboral se está estabilizando con dos argumentos. El primero es que la subida del paro registrado es la menor de las contabilizadas en noviembre en los últimos 12 años; el segundo, que por primera vez desde 2008 se detecta un aumento mensual de la contratación fija, imputable a los efectos de la reforma laboral.

Pero ambos indicios son demasiado débiles como para fundar en ellos un cambio de tendencia. El paro registrado está sometido a varios factores de distorsión (uno de ellos, por ejemplo, es que las personas sin empleo que asistan a cursos de formación no se contabilicen como parados). Así como algunos sectores han agotado el margen de destrucción de empleo (industria y construcción), otros, como el de servicios, se comportan mucho peor de lo esperado. Por desgracia, la afiliación a la Seguridad Social sigue cayendo (el sistema perdió casi 53.500 afiliados el mes pasado), hecho que no puede explicarse tan solo como un efecto de los ajustes en el sector público. La tendencia de la afiliación apunta a que en la EPA del cuarto trimestre seguirá registrándose una pérdida neta de empleo. No será en 2010 cuando se alcance la deseada estabilidad del mercado laboral.