Solvencia autonómica

A medida que aumenta la presión sobre la deuda española (la prima de riesgo volvió ayer a subir, antes de retroceder ligeramente), parece evidente que los inversores temen una hipotética traslación de la deuda inmobiliaria de los bancos a la deuda del Estado y desconfían de la capacidad del Gobierno para poner orden en los gastos de autonomías y municipios. El Banco de España intentó conjurar ayer el miedo a la deuda bancaria oculta con el anuncio de que exigirá más información a los bancos y cajas sobre sus activos deteriorados. La publicidad de los activos inmobiliarios de la banca debería haberse exigido antes; en todo caso, unas nuevas pruebas de resistencia en la banca europea contribuirán a calmar el nerviosismo irracional de los mercados sobre la solvencia de la banca española.

Pero los frentes abiertos son muchos. La máxima transparencia debe aplicarse también a la deuda de las autonomías y los ayuntamientos. La oscuridad de las cuentas periféricas es otra de las razones de la desconfianza de los inversores hacia los planes de ajuste público español. Ocho comunidades presentan para 2011 presupuestos que exceden el límite de déficit (1,3% del PIB) que el Gobierno comprometió con Bruselas. Las cuentas de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Navarra y La Rioja no contribuyen a reforzar la confianza en España y tampoco la de los inversores en los títulos españoles. Los presupuestos que exceden el déficit solo pueden interpretarse como un desafío político o una irresponsabilidad.

El problema viene de lejos, aunque sea hoy, en tiempos de tribulación, cuando adquiere tintes dramáticos. Las cuentas públicas españolas mejorarían con unos controles de resistencia de las finanzas autonómicas practicados por entidades independientes. Debe quebrarse la resistencia política de los gobiernos autónomos a publicar los niveles de su deuda real (incluida la que está dispersa en empresas u otras instituciones), de su déficit, de sus proyecciones de ingresos y gastos. Los enjuagues financieros de las autonomías favorecen la suposición de que algunas atraviesan por situaciones graves que pueden arruinar la solvencia total del país. El Gobierno debe mostrar de forma contundente que tiene la capacidad política de imponer los límites financieros que juzgue necesarios para evitar males mayores.