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Reportaje:ELECCIONES CATALANAS | Faltan 3 días

Más dinero, pero más burocracia

La enorme demanda de servicios sociales y la crisis ahogan a la Generalitat

El presidente de la Generalitat, José Montilla, admitió hace unos días en el programa de televisión Tengo una pregunta para usted que la Ley de la Dependencia pilló al Gobierno catalán con el paso cambiado porque levantó muchas expectativas sin saber exactamente cuánto le costaría al erario público. Montilla, con seguridad, desconocía en ese momento la cifra. Desde que en 2008 se aprobó la norma, la Generalitat ha gastado 1.813 millones de euros en pagar una prestación a más de 147.000 personas dependientes.

La Ley de la Dependencia, que supuso una revolución en los servicios asistenciales españoles y consolidó uno de los pilares del Estado de bienestar, provocó tanto entusiasmo inicial que, una vez que tocó aplicarla, ese sentimiento fue diluyéndose con la misma rapidez. Los procesos de evaluación y de reconocimiento de la prestación (PIA) se han eternizado en la mayoría de los casos, con plazos superiores a los tres meses legales. Esta dilación ha obligado al Departamento de Acción Social y Ciudadanía a abonar los retrasos, en un momento en que las arcas públicas padecen los avatares de la crisis económica y la consiguiente caída de la recaudación. Algunos dependientes han recibido cartas oficiales para informarles de que percibirán la cantidad correspondiente a atrasos entre 2011 y 2012. Tampoco la Administración central está exenta de culpabilidad, con una financiación insuficiente, de criterios discutibles, y homogénea a todas las comunidades sin tener en cuenta la disparidad territorial en el coste de estos servicios.

La Mesa del Tercer Sector reconoce el enorme aumento presupuestario

El departamento que preside la republicana Carme Capdevila ha realizado en esta legislatura un remarcable esfuerzo inversor que reconoce y aplaude la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña. Las ayudas a la infancia ascienden este año a 203 millones de euros, casi el triple que en 2003. En la actualidad, 27.152 personas reciben la renta mínima de inserción, más del doble que en 2008, con un presupuesto de 160 millones. El presupuesto en servicios sociales es de 2.218 millones, tres veces más que en 2003; las plazas geriátricas subvencionadas también se han triplicado desde entonces, hasta alcanzar las 50.000, y se han duplicado las becas para el comedor escolar, según datos proporcionados por el propio departamento. No osbtante, tal como lamenta la Mesa del Tercer Sector, este incremento de los recursos ha comportado un aumento paralelo de la burocracia para obtener subvenciones, ayudas y becas, a raíz del caso Millet, que provocó una "reacción desproporcionada en la Administración".

Capdevila ha sido prolífica en la aprobación de leyes, algunas tras esperar años en los cajones de la Administración. Entre ellas destacan la Ley de Servicios Sociales, la de Prestaciones Sociales de Carácter Económico y la de la Infancia y la Adolescencia, además del plan para la cohesión y la inclusión social, la cartera de servicios y el plan de familias monoparentales. Pero el desarrollo de este marco legislativo presenta numerosas lagunas, pues carece de concreción y agilidad, sufre retrasos injustificados, problemas organizativos y financieros y, en algunas ocasiones, es de difícil encaje con las asociaciones que trabajan sobre el terreno.

Podría afirmarse que las intenciones son buenas, pero su aplicación chirría. Algo así ha sucedido con el sistema de financiación de organizaciones y asociaciones del tercer sector al sustituir las subvenciones, mucho más etéreas, por contratos programa de carácter plurianual, que aseguran unos recursos estables. Sin embargo, se han producido desfases y multitud de retrasos, sobre todo por la atomización de los servicios sociales en Cataluña, con más de 7.500 entidades que contratan a cerca de 100.000 personas y representan el 3% del PIB catalán.

Pero quizá el principal varapalo que se llevó el Departamento de Acción Social fue el informe del Síndic de Gregues sobre el sistema de acogida de menores desamparados. Rafael Ribó lamentó, a pesar del esfuerzo presupuestario, la saturación de algunos centros y la escasez de familias para acogerles.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 25 de noviembre de 2010