Con el agua al cuello

El presidente del Gobierno ha negado al alcalde de Madrid la refinanciación excepcional de los intereses de la deuda (257 millones de euros) que vencen a finales de este año y que corresponden a una deuda total de más de 7.000 millones. La decisión del presidente responde a una lógica inexorable: no se pueden conceder excepciones en la prohibición de endeudamiento si se quiere mantener la credibilidad de los inversores en la solvencia de las finanzas españolas, de las que penden las deudas autonómicas y municipales. Pero, al mismo tiempo, situar al Ayuntamiento madrileño en una situación de asfixia económica tendrá graves consecuencias para las empresas. De hecho, la ruina virtual de Madrid obligará a suspender el pago a los proveedores del municipio, algunos de los cuales llevan meses sin cobrar sus facturas.

Con frecuencia se ha denunciado la precariedad financiera de los Ayuntamientos. Carecen de recursos públicos estables, circunstancia que, según las interpretaciones más benévolas, es la causa de la corrupción municipal. Tampoco quieren arrostrar el coste político de subir las tasas o impuestos; y cuando lo hacen, como en el caso de la tasa de basura en Madrid, lo explican mal y resulta que el incremento es completamente desproporcionado respecto al servicio. A pesar de que los alcaldes conocen esa precariedad, algunos municipios, como Madrid o Valencia, no han tenido empacho en convertirse en los más endeudados de España y dejar el pago para las generaciones futuras. Este modo de actuar (inyectar optimismo desplazando los costes del bienestar presente hacia las rentas del futuro) es muy característico del PP (aunque no solo). Baste recordar el déficit de la tarifa eléctrica, convertido hoy en una bola indigerible de casi 20.000 millones gracias a la demagogia del PP que no subió las tarifas cuando había que hacerlo, o el estrangulamiento financiero de las autopistas radiales de Madrid.

La respuesta de que la excepción es imposible no resuelve la ruina municipal. Un Ayuntamiento, por elevadas que sean sus deudas, jamás aplicará un plan de ajuste en condiciones, es decir, un recorte drástico del gasto, una reducción de funcionarios y cero en inversiones durante años; se limitará a trasladar la ruina a los suministradores. Una solución plausible para el Gobierno y los Ayuntamientos sería autorizar refinanciaciones limitadas a cambio de planes de austeridad comprometidos por las autoridades municipales y controlados por el Gobierno. Ello equivaldría a una intervención del Ministerio de Economía en los Consistorios afectados; pero es que la mala gestión debe pagarse.

Un plan similar debería considerarse, a sabiendas de que resulta muy difícil controlar eficazmente desde fuera las partidas de gasto de Madrid, Valencia o Barcelona. La recesión reduce además el margen de financiación desde el Estado. En todo caso, la crisis de Madrid deja como última lección la conveniencia de que los grandes municipios españoles estén presentes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.