La Ley de Dependencia se estanca entre acuerdos que no se cumplen

La nueva ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, se encontrará con varios frentes abiertos entre su ministerio y las comunidades por la Ley de Dependencia, además de acuerdos que no se cumplen, como los plazos de espera para recibir una ayuda o la puesta en marcha del nuevo sistema de información estadística, que ya debía ser público. La ministra se enfrenta hoy a su primer Consejo Territorial con los responsables de asuntos sociales de las comunidades.

En el caso de la teleasistencia, ese dispositivo electrónico que llevan los ancianos para avisar si sufren algún percance, el ministerio no quiere pagar a las comunidades por los dependientes severos y graves a los que solo se les atienda con ese dispositivo. Consideran que "son personas que requieren cuidados y recursos durante muchas horas al día, y el servicio de teleasistencia que se presta en la actualidad es insuficiente".

Los ciudadanos esperan por su ayuda una media de 18 meses

Pero esta batalla le ha costado al ministerio un recurso judicial presentado por La Rioja, que dejó de percibir dinero por esta circunstancia. En esta comunidad dicen que su teleasistencia es más avanzada, "los ciudadanos la piden y la ley lo permite". Otras, como Andalucía, tienen miles de ayudas de teleasistencia concedidas, pero si van o no acompañadas de otros servicios son datos que no se publican.

Lo que no se ha conseguido con los dependientes graves se quiere regular ahora con los moderados. El documento que el Gobierno lleva hoy al Consejo Territorial sobre los dependientes moderados, que entrarán en el sistema en enero, solo permite conceder teleasistencia si se acompaña de otros servicios para los graves, pero no para los moderados. Tampoco habrá residencias para estos últimos, pero sí paga para el familiar cuidador, aunque condicionada a requisitos más estrictos.

Otro de los asuntos que no acaban de cerrarse es el sistema de información, cuyas modificaciones aprobaron los consejeros el año pasado y debían haber entrado en vigor este verano. El ministerio dice que "el trabajo está muy avanzado y será publicado en breve". Tratan de recabar datos que hasta ahora no prestaban las comunidades autónomas: no se conocen los motivos de las bajas, ni la diferencia entre solicitudes nuevas o de revisión, cuántas prestaciones y de qué tipo tiene cada persona, el tiempo que se emplea en cada trámite y muchos otros que permitirían establecer comparaciones entre comunidades, y, lo más importante, impedirían a las Administraciones hacer trampas con la estadística: por ejemplo, que no se vuelquen las solicitudes de los ciudadanos cuando ya se les ha valorado, porque impide saber qué tiempo se empleó en ese trámite. Y los tiempos en esta ley son importantes.

Importantes, porque los consejeros y el Gobierno se comprometieron a que no pasaran más de seis meses en conceder la ayuda al ciudadano, pero no se cumple en muchas regiones. La media es de 18 meses.

El Gobierno eliminó los pagos con retroactividad para los nuevos dependientes que entraran al sistema después del mes de julio, pero las comunidades tienen que pagar por los retrasos de los anteriores a esa fecha. Pues bien, todavía no hay acuerdo aunque se negocia un modelo común desde la primavera de 2009. Unas comunidades pagan los atrasos desde la solicitud del ciudadano, otras, desde que se concede la ayuda. "Las comunidades autónomas son las competentes, así que se ha optado, por consenso, por mantener la situación actual", dicen en el ministerio.

Los decretos o acuerdos que no se cumplen y la información que no se hace pública hacen pensar a la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en un "un pacto de silencio que impide que la ley avance". "Desde junio parece metida en la nevera", asegura el presidente, José Manuel Ramírez.