Cataluña y Madrid, las más retrasadas en aplicar la ley del aborto

De esperar tres semanas a solo las 72 horas que marca la ley hay un trecho. Pero es la desigualdad a la que se enfrentan las mujeres para acceder al aborto, según la región en la que vivan. Así lo expusieron ayer los profesionales de las clínicas de abortos en Sevilla, donde se celebra el Congreso Mundial de Aborto y Contracepción -reunión que ha desatado las movilizaciones de las organizaciones antiabortistas de toda España-. El desequilibrio a pesar de que la nueva ley (en vigor desde el 5 de julio) trataba de terminar con él, alertaron, es latente.

"Las peores son Madrid, donde las mujeres aguardan 21 días de media para abortar, y Cataluña, donde a pesar de que la espera es menor, tienen que adelantar el dinero de su bolsillo y los criterios de confidencialidad se incumplen", aseguró Francisca García, de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai).

La nueva ley marca que la sanidad pública debe cubrir las intervenciones. Se hagan en hospitales públicos o centros concertados. Un avance que la factura pública del aborto ya está empezando a notar, ya que más del 90% de las interrupciones se realizan en centros privados. En comunidades como Castilla-La Mancha se ha pasado de financiar un 10% a un 70%, según Acai. En Asturias se financia ya el 97% y en País Vasco más de un 85%.