Cultura desvía a los imputados la responsabilidad del 'caso Retablo'

El ex restaurador de la Xunta Carlos Gómez-Gil tuvo durante años manos libres para adjudicar contratos directos a las empresas que rehabilitaban arte sacro -con financiación de la Consellería de Cultura- en las provincias de Pontevedra y Ourense e incluso para seleccionar a las firmas de restauración cuando se trataba de procedimientos negociados sin publicidad a los que deben concurrir tres ofertas. Eso fue lo que contó al juez el jefe de servicio de Arquitectura e Etnografía de la Consellería de Cultura, Juan Antonio Naveira Seoane, el pasado 16 de septiembre.

En su declaración como testigo del caso Retablo, una red de corrupción generalizada en la rehabilitación de patrimonio artístico eclesiástico que suma ya 11 imputados -con Gómez-Gil y el arquitecto del Xacobeo, José Manuel Pichel Pichel, como supuestos cabecillas a los que el fiscal atribuye los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho- el representante de la Xunta señaló el papel protagonista de Gómez-Gil en las adjudicaciones.

El técnico decidía los monumentos que se rehabilitaban y las empresas

Un cura admitió que la Xunta no sufragaba obras si no elegía a las firmas

Detalló que, como técnico restaurador de Cultura, Gómez-Gil no sólo decidía los monumentos que se rehabilitaban en las provincias de Ourense y Pontevedra: también elegía a las empresas que se contrataban de forma directa y las que debían concurrir a los procedimientos negociados para obtener los contratos. "Era el técnico el que hacía el estudio en el que se daba la puntuación a las empresas que participaban y después se lo pasaba al dicente [el propio Naveira Seoane] y era el mismo técnico el que conformaba el informe, y la adjudicación la hacía la mesa de contratación". Y añadió "que el control sobre las empresas que iban a licitación lo hacía el técnico [Gómez-Gil] que era el que comprobaba si la empresa tenía capacidad para hacer la obra".

Y eso es precisamente lo que estudia el juzgado número 3 de Santiago, después de que la anterior Consellería de Cultura presentase una denuncia en la fiscalía, una vez que detectó que los contratos en Lugo y Ourense recaían sobre un puñado de empresas. Los informes policiales concluyen que las firmas eran seleccionadas por Gómez-Gil y José Manuel Pichel Pichel, que a cambio de adjudicar obras recibieron cantidades económicas y prebendas.

El jefe de servicio de la Xunta distinguió entre dos tipos de intervenciones, las que adjudica la Consellería de Cultura directamente y las que financia a través de convenios con otras entidades. En este último caso eran las parroquias y conventos los que encargaban los trabajos. También en este tipo de procedimientos ha hallado irregularidades la brigada de delitos económicos del Cuerpo Nacional de Policía, siempre con Gómez-Gil y Pichel Pichel como intermediarios, a la postre los que decidían qué actuaciones subvencionaban la Xunta y el Xacobeo.

El relato del alto cargo de Cultura ante el juez apuntala esa tesis cuando recuerda la queja de un empresario que comunicó a la Xunta la confesión de un párroco en la que admitía que "había que adjudicar a otra empresa la restauración porque si no la consellería no le financiaría la parte de obra correspondiente".

Ante el juez, Naveira Seoane desveló que la consellería abrió una investigación interna cuando empezó a recibir denuncias de empresas que sistemáticamente se quedaban fuera de las adjudicaciones y que entonces se detectó que una firma, CBC, concentraba gran parte de los contratos. También contó que las invitaciones a los distintos licitadores se enviaban por escrito, un extremo que niega la unidad de delincuencia fiscal de la policía tras analizar los expedientes de la Consellería de Cultura. El atestado policial señala que hubo falta de control en el Xacobeo para fiscalizar estas contrataciones.