Reportaje:

Deudas que son condenas

Más de 40.000 personas en Cataluña han perdido su vivienda en los últimos tres años por no poder pagar una hipoteca que siguen debiendo al banco

Sin vivienda y con una deuda de 180.000 euros a cuestas. Es la condena que pesa sobre Jaime Abelardo por no haber podido pagar las mensualidades de la hipoteca de su piso ni las del préstamo personal que el banco le concedió posteriormente "para amueblar la casa y traerse a los hijos de Ecuador". "Yo estaba loco por tener un piso y aquí en España me lo pusieron más que fácil porque el banco me ofrecía créditos sin pedirme ningún aval", explica Jaime, ecuatoriano de 44 años y residente en España desde hace 10. Su mujer, que colaboraba en el pago de los préstamos, abandonó el hogar familiar a mediados del año pasado y dejó a Jaime con cuatro hijos y un nieto que mantener, y una carga hipotecaria que no pudo asumir. Su piso, en el barrio de Ciutat Meridiana de Barcelona, fue subastado el pasado 25 de mayo. Caixa Catalunya se lo adjudicó por el 50% del valor de la hipoteca y le reclama a Jaime la otra mitad, más los costes judiciales y de peritaje. Jaime sabe que cualquier día van a echarle del piso y que, si tiene la suerte de mantener su empleo, su salario se lo tragará, mes a mes, su abultada deuda. "Le han condenado de por vida a la exclusión social y financiera", lamenta Ada Colau, del observatorio sobre derechos sociales Desc, entidad que asesora a víctimas del desahucio, entre ellas a Jaime.

Las familias y empresas catalanas deben a los bancos 344.000 millones
"Quería un piso y me lo pusieron fácil: no me pidieron aval", dice un desahuciado

Como él, más 40.000 personas en Cataluña han perdido su casa en los últimos tres años por no pagar la hipoteca. Las ejecuciones hipotecarias podrían dispararse hasta las 100.000 a finales de año si se mantiene la tendencia al alza de los últimos meses, según la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Cataluña (Adicae).

La entidad sostiene que la pérdida de la casa por impago -uno de cada cinco casos en España se da en Cataluña- es una de las consecuencias del "preocupante" sobrendeudamiento, principalmente hipotecario, que en los últimos años ha atrapado a miles de familias.

Según datos facilitados ayer por el Banco de España, las familias y empresas catalanas deben a los bancos y cajas de ahorro más de 344.000 millones de euros, un 71% más de lo que tienen ahorrado (en depósitos o planes de pensiones, entre otros productos). Cataluña se sitúa así como la segunda comunidad con mayores cifras de endeudamiento de particulares.

Los años de bonanza económica propiciaron que numerosas familias "acumularan deuda con la complacencia de los bancos", explica el economista José García-Montalvo, profesor de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. Pero la llegada de la crisis y el desempleo abocaron a muchos de estos hogares a la bancarrota. García-Montalvo sostiene que la culpa de esta situación se reparte entre las entidades bancarias, "deseosas de colocar hipotecas a cualquiera", y los usuarios que tomaron decisiones financieras demasiado arriesgadas, que aprovecharon que los bancos les tendían la mano con importantes créditos para vivir por encima de sus posibilidades o que vieron la oportunidad de ganar un dinero comprando viviendas que iban a subir rápidamente de precio.

Gianfranco Pani, portavoz de la Adicae, denuncia el desamparo de los ciudadanos asfixiados por las deudas. "El Gobierno ha incumplido su promesa de aprobar una ley para prevenir y combatir el sobrendeudamiento de los hogares, y las entidades financieras no han dado ningún paso en favor de soluciones ante este grave problema", reprocha Pani, que destaca que detrás de cada desahucio hay un enorme sufrimiento. Lo sabe muy bien Mercè Relats, asistente social de Cáritas en Granollers, que atiende a diario casos desgarradores.

A la sede de esta entidad acuden muchos inmigrantes, colectivo especialmente castigado por el sobrendeudamiento hipotecario. "Antes de la crisis, muchos inmigrantes optaron por la compra de un piso, ya que para suscribir una hipoteca solo les pedían las dos últimas nóminas, mientras que para un alquiler les podían exigir un aval de hasta 6.000 euros", explica Relats. Hoy, muchos de aquellos nuevos propietarios han perdido el empleo y, con él, la vivienda. De ella solo les queda como cínico recuerdo una deuda irretornable.

A Cáritas acuden menos endeudados autóctonos que inmigrantes porque en muchos casos aquellos encuentran en algún familiar un colchón que amortigua el golpe. "¡Cuántos padres están pagando las hipotecas de sus hijos que han quedado en el paro!", exclama la técnica de Cáritas. Ángeles Mejías y su marido se encuentran en esta situación. Sus dos hijos mayores trabajaban hace tres años en la construcción y sus ingresos daban para la hipoteca de un piso nuevo y para vivir holgadamente. Pero la crisis dejó sin empleo a los dos jóvenes y el banco se quedó con sus viviendas y les dejó con una deuda que hoy asumen sus padres a duras penas. "En casa solo entra la pensión de invalidez de mi esposo y los 400 euros que cobro yo después de agotar el subsidio de desempleo. Es insuficiente para pagar nuestra hipoteca y las deudas de los hijos", lamenta Ángeles.

El alud de ejecuciones de los últimos años ha llevado a varias entidades, como la Adicae y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a reclamar la dación en pago, lo que significa que, en caso de impago, la entrega de la vivienda a la banca es suficiente para liquidar la deuda contraída. "Así no se condena a estas personas a la exclusión de por vida, sino que se les da una oportunidad para comenzar de nuevo de cero", señala Pani.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0014, 14 de octubre de 2010.

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