La reforma de la Constitución

En un mundo tan dado a las medias palabras, hay que agradecer el estilo directo del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, apelando al Gobierno a que ponga en cintura a las comunidades autónomas por sus excesos en el gasto: "Las comunidades son soberanas hasta cierto punto si nos fastidian a todos", ha dicho. En estos años de hegemonía ideológica conservadora, se ha ido asentando esta peculiar figura que son los cargos independientes. Según la doctrina al uso, los gobernadores de los bancos centrales tienen que ser independientes. Independientes ¿de qué? De la política, por supuesto, porque esta doctrina forma parte de un discurso muy extendido de descrédito de la política y de los políticos. Independientes de la política, pero no del poder económico, que es precisamente el que quiere que sean independientes de la política para seguir acreditando la idea de que la economía tiene unas leyes propias que los Gobiernos solo pueden violentar.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez cumple exquisitamente con este modelo de independencia. Es un intérprete impecable e implacable de los deseos del poder económico, con tal capacidad para leerlos que muchas veces los anticipa. Cuando habla, Fernández Ordóñez va en serio. Formula sus sentencias como una orden, nunca como un juicio susceptible de ser sometido a crítica. Y el Gobierno atiende raudo las indicaciones. Manda quien manda.

Tras el ruidoso inicio de verano en torno al Constitucional y su sentencia sobre el Estatuto catalán, llegó septiembre y dio la impresión de que las vigilias electorales impulsaban una caída de los decibelios en este debate. Llevábamos ya más de un mes entre mensajes muy medidos, tanto en la política catalana como en la española, porque ante la proximidad de las urnas todos quieren ser prudentes. Y porque el PP, tradicional impulsor de las bajas pasiones antiautonómicas, ha dejado de insuflar inquina porque quiere que el electorado catalán olvide sus pecados.

Durante este tiempo he notado que, tanto en el PP como en el PSOE, se espera el retorno de CiU como una bendición del cielo. Esta esperanza se funda en un recuerdo: el recuerdo del pujolismo. Pujol, estadista de día, siempre presto al pacto con Madrid y garante de que el orden reinara en Cataluña; nacionalista de noche, siempre atento a mantener viva la llama de la patria. Pero ¿están seguros de que la llegada de Artur Mas sería el retorno del pujolismo? Mas y los suyos insisten en que no. Que es un tiempo distinto, el del derecho a decidir.

En Madrid, fundan su confianza en CiU en la tradicional mansedumbre de la llamada sociedad civil catalana, poco amante de correr riesgos y exponer al riesgo a una buena parte de su mercado. Pero tengo la impresión de que en Madrid no se dan cuenta de que ha crecido lo que podríamos llamar el nacionalismo económico catalán. Dicho de otro modo, que las motivaciones del soberanismo ya no son solo culturales e identitarias sino cada vez más económicas. El argumento de que España es un mal negocio para Cataluña es el que más está cundiendo.

En este periodo de expectativa hasta que lleguen los resultados electorales, ha irrumpido Fernández Ordóñez, lo que dará vidilla al discurso reivindicativo, y una extraña y repentina renovación del Constitucional. ¿Por qué se ha ablandado súbitamente la resistencia del PP? Me sorprendió recientemente, en una reunión, en Barcelona, de personas de diversas posiciones ideológicas, pero fundamentalmente de orden, ver que el punto de consenso, al que se apuntaba incluso gente próxima al PP, era la reforma de la Constitución. Después, en Madrid, verifiqué que esta opción ganaba enteros. ¿Por qué? Quizás porque algunos ya piensan que es la única forma de frenar los procesos soberanistas por unos cuantos años y evitar que el desencuentro se acelere.

Ahora parece que, en la capital española, algunos se han dado cuenta del error cometido cargándose el Estatut. Sospechan que han perdido 20 años de tranquilidad en la cuestión catalana. De ahí que la reforma de la Constitución pudiera ser la vía para recuperar esta tregua perdida. Puede que por esta vía tengamos pronto una prueba de si Artur Mas es o no una nueva versión del pujolismo. A CiU, con su extraña propuesta de un referéndum sobre el concierto económico, no le gusta nada la reforma de la Constitución. ¿Por qué? ¿Para mantener vivo el juego de la reivindicación y del regateo (pujolismo) o porque considera que sería un paso atrás en el camino hacia la plenitud política de Cataluña (soberanismo)? Esta es la cuestión.