La austeridad impone fuertes recortes de la inversión en las comunidades

"Austeridad", hasta media docena de veces y en apenas una hora. La vicepresidenta Elena Salgado repitió ayer ese estribillo -la canción favorita de la política económica en toda Europa: desde Berlín a Atenas- hasta la saciedad. Y la ensalada de números que son los Presupuestos de 2011 demuestra que la citada austeridad no es cosa únicamente de la Administración central: la distribución territorial de la inversión deja una drástica rebaja en ese capítulo, que cada año suele levantar ampollas, con una caída media del 30%. Tras esa media se esconden enormes diferencias entre regiones, que ayer mismo provocaron las habituales quejas entre los Gobiernos autónomos perjudicados o, sencillamente, de un color político distinto del socialista.

El Gobierno cumple con los Estatutos, pese a las quejas de varias comunidades

Se incluyen por primera vez los cambios del modelo de financiación

Comparar los Presupuestos de un año a otro suele ser una tarea ciclópea, saboteada por todo tipo de minas en forma de excepciones, datos no homologables, cambios normativos y un largo etcétera. Pero la distribución territorial de la inversión pública se lleva la palma: para empezar, se trata de un sudoku que tiene que cuadrar en función de lo aprobado en los diversos estatutos. Además, hay inversiones que no pueden imputarse a un solo territorio: si el AVE que unirá Madrid y Valencia se está construyendo en Castilla-La Mancha, ¿qué cantidad hay que imputar a la Comunidad Valenciana? Además, cuando termina una gran obra -como la T-4 de Madrid o la Expo de Zaragoza, en su día- se ven grandes caídas de la inversión, lo que hace que las comparaciones de año a año sean muy poco representativas.

Hay muchos efectos más. Las comunidades interiores nunca van a recibir inversiones portuarias, por ejemplo. Y aun así, hay conclusiones irrefutables: la inversión del Estado cae a plomo en todas las comunidades, sin excepción. Eso sí, los recortes son muy desiguales.

- Las que más pierden. Cantabria, Aragón y La Rioja son las comunidades que, con criterios homogéneos, más pierden en la distribución territorial de la inversión: por encima del 50% en el caso de Cantabria, y más del 40% en La Rioja y Aragón. En los Presupuestos de 2010, Aragón estaba también entre los damnificados.

- Las que menos pierden. Todas las comunidades pierden inversión, pero los recortes son menos drásticos en Baleares (15%), País Vasco, Galicia y Madrid, con una caída inferior al 25%. Ese retroceso es inferior a la media, pero eso no impide el ya tradicional alud de quejas. "Los Presupuestos de 2011 son un nuevo atentado contra la equidad y contra los madrileños: Zapatero lleva seis años gobernando contra Madrid", explicó David Pérez, del PP madrileño. Pese a los ataques, Madrid recibirá 1.774 millones, el 23,9% menos: una caída mucho más suave que la media.

La aprobación reciente de varios estatutos complica todo el análisis. Cataluña, por ejemplo, pierde prácticamente lo mismo que la media española: casi un 30% de la inversión respecto a 2010. Con criterios homogéneos, Cataluña recibe 2.545 millones, el 15,2% de lo que invertirá el Estado en todas las autonomías, por lo que el Gobierno estaría incumpliendo el estatuto catalán, que vincula esa partida al peso de Cataluña en el PIB español: el 18,6%. Y sin embargo los Presupuestos establecen varios ajustes en el caso catalán, en partidas como proyectos pendientes de determinar y peajes, que elevan la cifra hasta los 3.134 millones; es decir, hasta cumplir con el estatuto. Fuentes del Ejecutivo catalán afirmaban ayer que el recorte "es similar al del conjunto de las comunidades". Así lo indican las cifras. Aun así, Josep Antoni Duran i Lleida dijo: "Zapatero no cumple con Cataluña y sí con Andalucía".

- Financiación autonómica y local. Los Presupuestos recogen por primera vez la nueva financiación autonómica. Las transferencias a las Administraciones territoriales se hunden y asimismo baja el fondo de suficiencia (el mecanismo de solidaridad), pero a cambio las comunidades se llevan una mayor porción de la tarta de impuestos (IRPF, IVA y especiales). Para las entidades locales, la participación en los tributos del Estado asciende a 13.235 millones.