279.000 euros de multa a un concertado por cobrar cuotas

La Consejería de Educación de Andalucía ha sancionado a un colegio concertado de Almería con 279.000 euros por el cobro irregular de cuotas a las familias de los alumnos. Muchos concertados suelen recurrir a este tipo de pagos para cuadrar sus cuentas y complementar la subvención que reciben de la Administración. La Ley Orgánica de Educación (LOE) solo permite que los padres aporten cuotas si son voluntarias y solo para determinados servicios complementarios.

El caso de Almería arrancó cuando una familia de un alumno de este centro -perteneciente a la institución religiosa de La Salle- interpuso una denuncia por el cobro de cuotas durante el curso pasado. Educación abrió un expediente, que se ha cerrado con la sanción de 279.000 euros. Y comenzó a cobrar la multa reteniendo las aportaciones que el centro debía recibir por el concierto que tiene suscrito con la Administración. Pero el colegio decidió recurrir ante la justicia y "ha obtenido una paralización cautelar", según la Junta de Andalucía.

La justicia ha suspendido de forma cautelar la aplicación del expediente

La LOE establece que los centros que se sostienen con fondos públicos no pueden obligar a las familias a abonar cuotas. Se señala que no "podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica, por parte de las familias de los alumnos". La norma deja fuera de la prohibición "las actividades extraescolares, las complementarias, y los servicios escolares, que, en todo caso, tendrán carácter voluntario".

Las patronales en las que se agrupan los concertados insisten en que la ley no impide el cobro de cantidades siempre que sean voluntarias. Además, dicen, no se puede impedir que las familias colaboren económicamente con los centros a través de las asociaciones de padres de alumnos. Y reclaman que la Administración aumente el dinero que destina por cada alumno para que no tengan que recurrir al sistema de cuotas.

Es el caso de la patronal CECE, que agrupa a algunos concertados. Esta asociación ha propuesto recientemente llevar la idea de la factura en la sombra al sistema educativo para que las familias conozcan lo que se paga por la enseñanza de sus hijos. Según Rafael Caamaño, dirigente en Andalucía de CECE, lo que se busca, entre otros asuntos, es poner de relieve la desigualdad que existe entre lo que la Administración invierte por alumno en los centros públicos y en los concertados, ambos sostenidos con fondos públicos. "La subvención que reciben los concertados debería cubrir el coste real", defiende Caamaño: "Ahora cubre solo entre el 65% y 70% del coste". Andalucía "no se ha planteado" aplicar la fórmula de factura en la sombra, algo que sí se hará en el sistema sanitario.