Aguirre ya ha iniciado la guerra sindical en Educación y Sanidad

Objetivo: los sindicatos. Nada nuevo en el largamente cultivado pulso del Gobierno de Esperanza Aguirre con los representantes de los empleados. "Viven sin trabajar", soltó el ex consejero de Sanidad, Juan José Güemes, en mayo de 2008, refiriéndose a los liberados sindicales. Aguirre tampoco se quedó corta: "Son un anacronismo y un escándalo". Por eso el recorte que ayer confirmó la presidenta en el debate sobre el estado de la región no ha sorprendido en exceso. En Educación y en Sanidad, menos aún. Porque en estos dos sectores Aguirre lleva un tiempo ensayando su particular guerra contra el liberado. Educación ha sido la avanzadilla. Aguirre decidió reducir el número de horas sindicales en la enseñanza pública sin pacto ni aviso. Incluyó la reducción en la Ley de Medidas Urgentes que bajaba el sueldo de los funcionarios un 5%, como aprobó el Gobierno central.

Las áreas sanitarias pasan de 11 a una para seis millones de personas

El recorte de horas en la enseñanza pública preuniversitaria supuso perder mucho más de la mitad de la representación. Pasaron de 190 a 70 liberados. CC OO lo ha llevado a los tribunales "por vulneración de derechos fundamentales". El sindicato alegó que se había hecho de forma "unilateral" y solo en el ámbito educativo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido el recurso, que está pendiente de sentencia.

En Sanidad la tijera va por otro lado. El Gobierno aprovecha la recientemente aprobada Ley de Libre Elección y de Área Única para reducir el número de delegados sindicales hasta en tres cuartas partes. La nueva norma termina de un plumazo con la división territorial actual suprimiendo las 11 áreas sanitarias en que se divide la región y dejando una sola para gestionar la sanidad de más de seis millones de madrileños. Como cada área tenía su junta de personal -algo así como el comité de empresa- al reducir las áreas se reducen los delegados. Si la negociación con los sindicatos no lo impide, pasarán de los 321 actuales a 75.

Y queda la traca final que afectará a todos los sectores. La que ayer confirmó Aguirre, casi de pasada y sin detalles de cómo y cuándo piensa hacerlo: "El Gobierno de la Comunidad de Madrid ajustará el número de liberados sindicales para el ejercicio de sus derechos al que les corresponde por ley".Aguirre quiere reducir dos de cada tres liberados, según explicó horas más tarde una portavoz del Gobierno. En realidad, hay que hablar de horas de representación, porque no todos los delegados están liberados completamente. Esas horas equivalen a 3.500 trabajadores a tiempo completo, de los que se quieren suprimir 1.930, lo que supondrá un ahorro de 73 millones, según la Comunidad. El problema es que la actual representación sindical está recogida en leyes y acuerdos aún en vigor.

Aguirre quiere meter la tijera a las horas mensuales que cada delegado dedica a su función representativa -un derecho recogido en una ley orgánica- de las 75 actuales (pactadas como mejora del mínimo estatal entre la Administración y los sindicatos en el caso, por ejemplo, de Educación y Sanidad) a las 40 que contempla el Estatuto Básico del Empleado Público. Como los acuerdos están en vigor, y para cambiarlos debería pasar por la mesa de negociación, la solución es acogerse al artículo 38 del Estatuto, el mismo que permitió al Gobierno central bajar el sueldo de sus funcionarios. Si la situación económica ha cambiado, los acuerdos quedan en suspenso.

El caso de Educación ha sido el ensayo general de por dónde van los planes de Aguirre. Los sindicatos concentraron sus horas en 190 liberados, tal como permite la legislación estatal. Eran quienes visitan los centros y representan a los docentes en las negociaciones con la Administración, entre otras tareas. "Ejercemos una labor de control de la Administración y de protección de los profesores", resume Paco García, responsable de Educación de CC OO. "Somos los intermediarios en la organización de cursos de formación", añade Virginia Fernández, de UGT.

Hace tres meses, Aguirre incluyó una disposición adicional a su propio acuerdo y redujo la horquilla de horas mensuales, lo que en la práctica supone pasar de 190 a 70 liberados, dejar la representación en los mínimos que marca el estatuto del empleado público. Lo hizo sin negociación ni justificación, como hizo constar CC OO en su recurso ante los tribunales.

Educación concentra solo el 6% de las horas de liberación sindical de la Administración pública, según una portavoz del Gobierno regional. Servicios generales y Administración supone el 35,1%; Justicia, el 10,8%; empresas y entes públicos, el 18,15% y Sanidad, el 15,3%. El recorte de liberados en este último sector aprovecha la ley de área única, que entrará en vigor el 1 de diciembre. Los sindicatos aseguran que la Consejería tiene que negociar si quiere reducir el número de delegados en las 11 juntas de personal (equivalentes a los comités de empresa). No se reúnen desde la época de Güemes. "No se puede representar a 80.000 trabajadores con una única junta", asegura Manuel Rodríguez, de CC OO.

Sanidad es la excepción. En el resto, la Comunidad se basará en el recorte de Educación hasta el mínimo de horas legales. Pero la aplicación del artículo 38 presenta dudas, según los expertos consultados. "Es un artículo para una situación que suponga cambios sobrevenidos", explica Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla. "El Gobierno central lo aplicó en la reducción del 5% porque tenía una situación económica con un déficit público que dificultaba colocar en el mercado la deuda del Estado. La Comunidad debe alegar hechos de esa envergadura", según Cruz Villalón. "Es una posibilidad prevista; la clave está en si los acuerdos de horas sindicales alteran el interés público y, si es así, podrán hacerlo sin necesidad de negociación", añade Jesús Lahera, profesor titular de derecho del Trabajo en la Universidad Complutense.