Corbacho responde a Aguirre que los liberados "son los que tiene que estar"

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha defendido hoy que el número de liberados sindicales es el que establece la ley y por tanto "son los que tiene que estar". Ante el polémico anuncio de la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, de que pretende suprimir dos de cada tres representantes, el ministro ha asegurado que lo que persigue la dirigente popular con esta medida es "aprovecharla electoralmente".

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Corbacho ha señalado que "lo que hay que hacer es cumplir la ley" y cualquier debate que la presidenta autonómica quiere desarrollar sobre esta cuestión debe hacerse "en un clima de "más rigor y responsabilidad". Aunque Aguirre centró gran parte de su mensaje del debate sobre el estado de la región celebrado ayer en atacar a los sindicatos, lleva ya dos años en su particular guerra contra el liberado, especialmente en Educación y en Sanidad.

Educación fue la avanzadilla. Aguirre decidió reducir el número de horas sindicales en la enseñanza pública sin pacto ni aviso. Incluyó la reducción en la Ley de Medidas Urgentes que bajaba el sueldo de los funcionarios un 5%, como aprobó el Gobierno central. En Sanidad la tijera va por otro lado. El Gobierno regional ha aprovechado la recientemente aprobada Ley de Libre Elección y de Área Única para reducir el número de delegados sindicales hasta en tres cuartas partes.

¿Qué son los liberados sindicales?

Ahora, según anunció ayer la presidenta, "el Gobierno de la Comunidad de Madrid ajustará el número de liberados sindicales para el ejercicio de sus derechos al que les corresponde por ley". El objetivo, explicaron desde fuentes de su Ejecutivo, es reducir dos de cada tres liberados. Sin embargo, en realidad habría que hablar de horas sindicales, porque no todos los delegados están liberados completamente.

Según establece el Estatuto de los Trabajadores, los representantes sindicales, cuyo número también está fijado por esta ley orgánica en proporción al número de empleados de cada empresa, tienen derecho a disponer de un mínimo de entre 15 a 40 horas mensuales -varía en función del tamaño del número de empleados- dentro de su horario laboral para representar a sus compañeros. A su vez, los representantes pueden crear una bolsa de horas y cederlas a un tercero para liberarlo de las funciones de su puesto de trabajo y dedicarse por entero a sus labores sindicales.

Aunque la ley estatal fija un mínimo de horas para que ejerzan su función representativa, luego este se puede ampliar en los convenios. En Madrid, en el caso de los departamentos de Educación y Sanidad de la comunidad se ha elevado a 75 horas gracias a un acuerdo entre la Administración y los sindicatos. Este es el punto que quiere modificar Aguirre para reducir el número de liberados.

Como el acuerdo está en vigor, y para cambiarlo y reducirlo al mínimo de 40 horas que fija la ley debería pasar por la mesa de negociación, la solución es acogerse al artículo 38 del Estatuto, el mismo que permitió al Gobierno central bajar el sueldo de sus funcionarios. Si la situación económica ha cambiado, los acuerdos quedan en suspenso, fue el argumento que empleó el Ejecutivo central y al que ahora se agarra Aguirre. Según cálculos de la Comunidad de Madrid, las horas sindicales equivalen a 3.500 trabajadores a tiempo completo, pero con el recorte en las horas se quieren suprimir 1.930, lo que supondrá un ahorro de 73 millones.