El Gobierno peruano, forzado a retirar una ley de amnistía

La creciente indignación de la opinión pública peruana y extranjera ha llevado al Gobierno de Alan García, tras un intenso debate de más de 10 días, a anunciar que derogará un polémico decreto que ha sido calificado por el escritor Mario Vargas Llosa como "una amnistía apenas disfrazada" para los acusados por la violación de derechos humanos durante la guerra contra el terrorismo (1980-2000).

El cuestionado decreto 1097, preparado por el Ministerio de Defensa, abre la posibilidad de archivar los juicios contra militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos si tras 36 meses no hay sentencia. Además, establece que no prescribirán los delitos considerados de lesa humanidad solo a partir de 2003, año en el cual Perú suscribió la convención internacional sobre la materia. Como muchos de los procesos judiciales sobre estos casos no han concluido -en parte debido a la lentitud del sistema judicial y a las continuas maniobras dilatorias de los abogados de los procesados-, las organizaciones de derechos humanos temen que los acusados por homicidio y lesiones graves salgan impunes. De hecho, uno de los primeros en presentar un recurso judicial para pedir el archivo de sus causas fue Santiago Martín Rivas, militar acusado de haber liderado el grupo Colina, al que se atribuyen ejecuciones extrajudiciales.

El decreto permitía archivar fácilmente crímenes de lesa humanidad

Nada más entrar en vigor, la norma fue objeto de críticas provenientes de diversos ámbitos, desde el ministro de Justicia y el Defensor del Pueblo hasta la Conferencia Episcopal peruana, pasando por Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Empeoró todo con la revelación, confirmada por el ministro de Defensa, Rafael Rey, de que durante la elaboración del decreto se consultó a conocidos letrados de procesados por estos delitos, entre ellos César Nakazaki, representante del ex presidente Alberto Fujimori, de quien se sospecha que utilizaría el decreto para librarse de la condena de 25 años de prisión que se le impuso por las matanzas de Barrios Altos y en la Universidad La Cantuta, y que debe ser revisada por el Constitucional.

Finalmente, fue la opinión de Vargas Llosa la que forzó al Ejecutivo a retractarse. El escritor presentó su renuncia a la comisión encargada de organizar el Museo de la Memoria, una instalación conmemorativa de las víctimas del conflicto, mediante una carta remitida desde París. "Hay, a mi juicio, una incompatibilidad esencial entre, por una parte, auspiciar la erección de un monumento en homenaje a las víctimas de la violencia que desencadenó el terrorismo de Sendero Luminoso a partir de 1980 y, de otra, abrir mediante una triquiñuela jurídica la puerta falsa de las cárceles a quienes, en el marco de esa funesta rebelión de fanáticos, cometieron también delitos horrendos y contribuyeron a sembrar de odio, sangre y sufrimiento la sociedad peruana", señala Vargas Llosa.