Se llama hipocresía

La obligación de cualquier Estado tras el pago del rescate por un rehén es la misma que la de un adúltero al confesar su infidelidad: negar la evidencia. Pero las contradicciones en que incurre el ejercicio de la alta política, rayanas a veces en la desmemoria o la hipocresía, juegan a veces malas pasadas. Las acusaciones con que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, se despachó tras la liberación en agosto de los dos cooperantes catalanes secuestrados en Malí, se ajustan punto por punto a uno de los principios sagrados de la lucha antiterrorista ("cero concesiones"), pero no del todo a episodios similares ocurridos chez lui.

Francia, como el PP, afeó la conducta de España por pagar presuntamente por la liberación de Albert Vilalta y Roque Pascual, olvidando que en noviembre de 2009, París había negociado la liberación de otro rehén francés en el Magreb, Pierre Camatte, o pagado rescate por la periodista de Libération Florence Aubenas, secuestrada en Irak en 2005, por poner dos ejemplos. En su día, el Elíseo también se implicó en la negociación con las FARC para la liberación, en julio de 2008, de la franco-colombiana Ingrid Betancourt, retenida por la guerrilla durante más de seis años.

Los Estados se enfrentan cada vez más a enemigos 'asimétricos'

El precio por un rehén en Irak oscila entre 2 y 7,8 millones de euros

La seguridad en el golfo de Adén se ha militarizado tras el alza de las pólizas

La ONU dictó una resolución que criminaliza el pago de rescates

Los anglosajones, por beligerantes, resultan los más disuasorios

Un general cree que "España debe cambiar y ser proactiva"

Desde la famosa crisis de los rehenes en Líbano, en los años ochenta del pasado siglo, hasta el secuestro en noviembre pasado de los tres cooperantes españoles por una célula de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), pasando por la acción de piratas somalíes en el golfo de Adén, los Estados han de vérselas cada vez más con enemigos asimétricos (guerrillas, terroristas, piratas...), en una desigual relación de fuerzas en la que, según los principios de la lucha antiterrorista, en teoría no se contemplan ni negociaciones ni concesiones. Pero las hay: entre otras, los canjes humanitarios entre las guerrillas y el Gobierno de Bogotá; el pago de rescates a piratas o incluso el intercambio periódico de presos palestinos por soldados israelíes.

Pero el discurso oficial se empecina en contradecir la práctica. El 3 de septiembre, el ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, dijo en presencia de su homólogo francés, Bernard Kouchner: "España y Francia no pagan secuestros". ¿Cierre de filas entre vecinos y aliados? ¿Corrección del tiro, o brindis al sol? En la letra pequeña las diferentes versiones resultan cercanas. La politóloga Cristina Barrios, investigadora de FRIDE, desvela un reposicionamiento de Francia en el Sahel tras las críticas de Sarkozy: un guiño a Mauritania; otro a Argelia... país del que depende el aprovisionamiento de gas natural para España. "París no negoció ningún rescate en el caso del rehén Michel Germaneau

[asesinado por AQMI en julio], pero sí con Pierre Camatte. Busca la alianza con Mauritania para colocarse militarmente en la región por si la amenaza terrorista se acentúa. Pero Francia sí que ha negociado, ahí está la operación militar que liberó a Betancourt. Los Estados ni reconocen ni admiten, simplemente lo niegan", dice Barrios.

La politóloga saca a colación una ley francesa de acción exterior que establece que se exigirá el reembolso de los gastos del rescate a los nacionales que se hayan expuesto excesivamente y sin causa justificada en zonas desaconsejadas por el Gobierno. Quedan exentos periodistas, cooperantes o trabajadores en zonas de riesgo, pero no turistas como la familia de franceses que en abril de 2009 surcó el golfo de Adén en velero y acabó siendo secuestrada por piratas. Una operación militar de París consiguió devolverlos a casa, y, de paso, liquidar a dos piratas y detener a los otros tres.

"En esta ley se reconoce implícitamente que la liberación ha implicado unos determinados gastos, haya habido o no rescate", añade Barrios. La diplomacia francesa siempre ha cuidado a sus nacionales, "e incluso a quienes no lo son", explica. Como las cinco enfermeras búlgaras presas durante ocho años en una cárcel libia, a quienes fue a buscar en julio de 2007 la entonces primera dama, Cecilia Ciganer-Sarkozy. O las azafatas españolas atrapadas en el turbio affaire de la organización Arca de Zoé en Chad, que pretendía sacar del país a un centenar de menores para ser adoptados en Francia: el propio Sarkozy las llevó en su avión a Madrid, de camino a París, en noviembre de 2007. No son casos iguales a un secuestro, pero sí comparables. "El secuestro de un nacional francés es una cuestión de Estado. Si ocurre alguno, hay una célula especializada de la diplomacia francesa que rinde cuentas directamente al presidente. Oficialmente no existe, pero es una práctica institucionalizada, tanto que Michel Barnier, cuando era ministro de Exteriores, habló de ella en 2005", cuenta Barrios.

Multinacionales petroleras en el delta del Níger pagan continuamente rescates por sus empleados. Las navieras que operan en el golfo de Adén han visto desde hace meses su seguridad reforzada por el despliegue de fuerzas de seguridad de sus países de origen y bajo el paraguas de la UE, ya que las compañías de seguros han multiplicado hasta el infinito las pólizas para dar cobertura al barco y la tripulación. Para abortar la amenaza, ha habido una traslación de funciones de lo privado a lo público: una militarización de la seguridad. "La respuesta de los Estados es intervenir no tanto por las personas, como por las compañías. Eso mismo ha sucedido en Irak en los casos de trabajadores secuestrados", subraya Barrios. Y el Sahel es un poco como el mar de Adén, recuerda: "Las fronteras no existen, los Estados no tienen ningún poder, y, cuando se habla de AQMI, puede ser que en muchos casos no sea más que delincuencia".

Si hay un Estado que defienda la mano dura contra los secuestros es Argelia, donde el Grupo Islámico Armado, la deriva radical y violenta del partido Frente Islámico de Salvación, fue el precursor del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate y éste, posteriormente, savia local para el AQMI. Por ello, a finales de 2009, el Gobierno de Argel logró que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptase una resolución, que criminaliza el pago de rescates y que hoy, tras la liberación de los españoles, desea impulsar. "Papel mojado", según el profesor de Relaciones Internacionales de la UNED Carlos Echeverría, pero, como el resto de resoluciones de la ONU, un frágil asidero para la comunidad internacional.

Pero volvamos a cómo metabolizan los Estados el secuestro de un nacional. "En Francia está todo muy engrasado y funciona al más alto nivel, como una verdadera cuestión de Estado. Por ejemplo, aquí habría sido impensable que dos rehenes liberados llegaran acompañados de una secretaria de Estado

[Soraya Rodríguez, de Cooperación, que fue a buscar a Burkina Faso a los cooperantes catalanes]. Aquí habrían llegado acompañados al menos de dos ministros, y habrían sido recibidos por el propio presidente de la República".

Pero no sólo Francia o España pasan por caja. En mayo de 2006, The Times reveló que Francia, Alemania e Italia habían pagado 45 millones de dólares (35 millones de euros) para liberar a 9 rehenes secuestrados en Irak durante los 21 meses anteriores; de 2,5 a 10 millones (de 2 a 7,8 millones de euros), según los casos, costó a sus respectivos erarios la libertad de cada uno. En público, los tres Gobiernos negaron haber pasado por caja; pero según los documentos a que tuvo acceso el rotativo británico, numerosos diplomáticos occidentales pudieron ver los asientos de caja. Otros países, sin embargo, no han tenido tanto empacho en reconocer que han recurrido al dinero para lograr la liberación de alguno de sus ciudadanos en Irak: es el caso de Turquía, Rumania, Suecia o Jordania.

Si todo rescate tiene un precio, ¿cuál es y quién lo fija? ¿Con qué baremos? En suma, ¿se trata de negociar, ceder o intervenir? El entramado de intereses que está en juego en casos como estos hace de la diplomacia solo uno de los actores, y no siempre el protagonista. Es la imagen del Estado la que aparece en primer plano. "Sí, todos pagan, en líneas generales", afirma Echeverría. "Hasta EE UU o Israel, en circunstancias determinadas, han cedido al rescate o al canje de presos. Francia en el Sahel ha actuado de forma ambivalente, pues en el secuestro de Pierre Camatte hizo todo lo posible para obtener su liberación, incluida la liberación de presos y quién sabe si también dinero. En el caso de Michel Germaneau, hay confusión: podría estar muerto antes de la operación militar francomauritana en el norte de Malí, o bien ser asesinado tras esa intervención proactiva para salvarle".

En un artículo publicado en la revista digital de seguridad y defensa Atenea, Echeverría recuerda que "la industria terrorista supone la humillación de individuos, pero sobre todo de los Estados de los que son nacionales los secuestrados", y la compara con otra similar, la de ETA en los años de plomo, "y las sórdidas imágenes del pago clandestino de rescates, fuertes sumas de dinero familiar llevadas como fuera a los círculos terroristas en suelo francés". Dado que la amenaza de Al Qaeda es global, ¿podría ello explicar que algunos países, más heridos que otros en su amor propio, recurran a posturas de fuerza, medie o no negociación? "Desde el secuestro del transatlántico Achille Lauro en 1985, en la resolución de tomas de barcos y aviones por lo general se ha utilizado la fuerza. Hay Estados de los que se puede esperar no sólo que negocien, sino que también utilicen la fuerza: EE UU, Reino Unido e Israel. A ellos se les podría añadir Francia", explica Echeverría. En España, añade, "no tenemos ningún precedente en la utilización de la fuerza, esto no se ha desarrollado ni siquiera como posibilidad, así que como consecuencia te puedes convertir en una víctima fácil".

Los secuestros de barcos en el golfo de Adén se suman a la toma de rehenes que AQMI cosecha en el inestable Sahel, si bien entre unos y otros hay una delgada línea roja: los barcos pertenecen a compañías privadas; los nacionales (cooperantes, periodistas, viajeros) no. Pero todos son a la postre responsabilidad del Estado. El denominador común de piratas y terroristas es que ambos buscan hacer caja.

El general de división Ricardo Martínez Isidoro sostiene que la resolución de un secuestro por la fuerza "es una opción que existe". "Dentro de nuestra doctrina hay un apartado, el de operaciones no bélicas, en el que se incluye el rescate de rehenes o incluso la evacuación de nacionales residentes en peligro. Otra cosa es que, llegado el caso, esa opción se considere después en un Estado Mayor, porque ahí ya entran en juego las decisiones políticas. Pero desde luego las Fuerzas Armadas están preparadas para ello". También lo están unidades especiales de la Guardia Civil, como el grupo de secuestros y extorsiones, en la investigación del caso, y la Unidad Especial de Intervención, en la ejecución del rescate, recuerdan fuentes de la Unidad Central Operativa del instituto armado. Aunque nunca han actuado fuera de España, sí hubo números "de los que estaban desplegados para vigilar las rutas de la inmigración irregular en el Sahel en labores de búsqueda y rastreo de los movimientos del campamento de los secuestradores [de los tres cooperantes de Acció Solidaria], sobre todo al principio", según la UCO.

¿Qué diferencia a unos países de otros a la hora de lograr/ejecutar un rescate? "Hay países más lanzados, más beligerantes, que son los que resultan más disuasorios por tanto, como los anglosajones, a los que se sumaría Francia. Tienen fuerzas, adiestramiento y decisión política: una ecuación que se frustra si falta uno de los factores. España o Italia tienen otras sensibilidades, más mediterráneas; otros valores más interesantes desde el punto de vista político, pero que nos hacen más débiles ante los terroristas", explica el general Martínez Isidoro, que lamenta que el pilar de la seguridad en la UE esté "poco asentado".

Igual que el doble rasero existente al juzgar el mismo hecho, es en la opinión pública de los países donde a la postre rebota la diferencia de sensibilidades a la hora de abordar diferentes operativos de rescate. ¿Sería impopular en España una liberación por la fuerza? ¿Lo es en Reino Unido o Francia? "No me atrevería a decir dónde estamos en España", apunta el general Martínez Isidoro. "Junto a sensibilidades más partidarias de sacar pecho y decir 'aquí estamos', hay otras manifiestamente más pacifistas. Pero las dos posturas son bastante irreconciliables, y esto lo aprovecha el enemigo".

Para él no hay duda de cuál es el camino: "Tenemos que cambiar de mentalidad y ser proactivos. Deberíamos aprovechar nuestro bagaje de conocimientos en la exitosa lucha contra ETA para ir a por los otros terroristas, eso sí, con nuestra forma de actuar: ser firmes y estables". Es decir, ni un paseo militar como el que a veces se permiten Ejércitos vecinos, ni una morosa inhibición como la que algunos críticos achacaron al Gobierno durante la resolución del secuestro del Alakrana frente a Somalia, en noviembre pasado, si bien Defensa aseguró entonces que había barajado siempre la opción del operativo militar.

A fin de cuentas, como recuerda la politóloga de FRIDE, lo que queda de relieve en crisis como las citadas es la presencia de un Estado con mayúsculas más o menos grandes. "Sarkozy ha ido más allá de su papel como presidente: está encarnando la misma idea de Francia en el Sahel, un liderazgo nacional frente a la presencia cada vez más notoria de EE UU en la zona. Porque hay que distinguir entre la diplomacia de un Gobierno equis y la diplomacia como cuestión de Estado, y eso Francia, ocupe la derecha o la izquierda el poder, siempre lo ha tenido muy claro". Las últimas noticias -la existencia de pruebas de vida de los dos periodistas franceses secuestrados en Afganistán- permitirán a la diplomacia gala demostrarlo.