Accidente minero en Chile
Los 33 mineros atrapados a 700 metros bajo tierra por un derrumbe en la mina San José de Atacama, a 900 kilómetros al norte de Santiago, comenzaron a recibir el apoyo que les envían desde el exterior. En una nueva comunicación, gracias a un teléfono que les hicieron llegar los equipos de rescate, confirmaron que se encuentran bien, tienen hambre y hasta gritaron un espontáneo "Chi-chi-chi-le-le-le, viva Chile" cuando supieron que sus familiares los esperan arriba en un campamento.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció ayer que no habrá impunidad para los responsables del derrumbe de la mina San José, que mantiene sepultados a 33 trabajadores. La empresa propietaria de la mina, San Esteban, no ha participado en las labores de rescate y tardó en avisar del accidente, además de vulnerar normas de seguridad y no pagar el seguro social de los mineros, según las denuncias.
Zulemí pudo finalmente dormir bien ayer. Después de haber pasado 17 días al pie de la mina chilena de San José, en la que su hermano, Yonni Héctor Barrios Rojas, quedó atrapado el pasado día 5 junto a otros 32 compañeros, pudo tomar aliento. El mensaje que los mineros encerrados a unos 700 metros de profundidad enviaron el domingo a través de una sonda fue la respuesta a sus rezos y a los de decenas de familiares acampados a pocos metros de la explotación de oro y cobre cercana al pueblo norteño de Copiapó.
La policía filipina acabó ayer a tiros con el secuestro de un autobús en el que, inicialmente, viajaban 25 personas, la mayoría turistas de Hong Kong. La operación de rescate, retransmitida en directo por canales de televisión de todo el mundo, se saldó con la muerte de ocho ciudadanos chinos y también con la del secuestrador, un ex policía apartado del cuerpo por corrupción hace dos años y que demandaba ser readmitido.
El Pentágono y la Casa Blanca han rechazado la solicitud de los gestores de Wikileaks de colaborar para revisar los 15.000 informes militares de Estados Unidos que todavía obran en poder de los gestores de ese portal que publica documentos clasificados y evitar que se vuelvan a difundir en Internet datos sobre colaboradores civiles del Ejército estadounidense en Afganistán.
