Confusión fiscal

Las declaraciones contradictorias del ministro de Fomento y de la vicepresidenta y ministra de Economía y Hacienda acerca de la orientación impositiva que pueden incorporar los próximos Presupuestos Generales del Estado refuerzan la presunción de que no existe una visión consistente y rigurosa sobre las finanzas públicas en el seno del Gobierno. No es la primera vez que sus miembros hacen declaraciones sobre impuestos o ajustes en el gasto a su antojo, sin que esos comentarios, siempre fuera de las instancias parlamentarias, respondan a una posición común y suficientemente elaborada. La política más importante y expresiva de las intenciones de los Gobiernos, la que se concreta cada año en los Presupuestos, no es precisamente un ejercicio de coherencia.

El Gobierno cambió de orientación tras las presiones recibidas en el Ecofin del 9 de mayo, en el que se aprobó la creación de un fondo de estabilización que podría tener como principal beneficiario a las finanzas públicas españolas, entonces amenazadas por unos temerosos mercados de bonos. Fue el propio presidente del Gobierno quien exhibió el radical cambio de partitura, asumiendo a pies juntillas el supuesto dictado de los mercados y pasando a liderar un discurso de ajuste severo. No bastó, sin embargo, para reducir una prima de riesgo que estaba mucho más pendiente de las posibilidades de crecimiento económico que de valorar esa sobrevenida vocación de austeridad.

Tal es la obsesión con la prima de riesgo que el presidente solo ha vuelto a considerar una cierta relajación de la austeridad inicial cuando ha cedido su distancia frente a la referencia alemana. La realidad está demostrando, con todo, que lo relevante son las posibilidades de asentar la economía en una senda de recuperación. Y es que sin crecimiento no hay saneamiento presupuestario que valga. Ni las elevaciones de impuestos ni las contracciones de gastos serán suficientes para sanear las finanzas públicas si las rentas de los agentes económicos no crecen.

Claro que será necesario subir los impuestos, entre otras razones porque este Gobierno los ha bajado mucho, incluso suprimiendo sin que nadie lo pidiera alguna figura tributaria como el impuesto del patrimonio. De ahí la escasa credibilidad de esa retórica gravar a los ricos, destinada al consumo interno de algunos sectores del PSOE. Pero habrá que subirlos cuando se haya alcanzado un ritmo de crecimiento suficiente para reducir la destrucción de empleo. Mientras tanto, bien podría acentuarse la eficacia en la lucha contra el fraude fiscal. Y, en todo caso, más vale que el Gobierno no erosione aún más la confianza de los agentes económicos, de dentro y fuera del país, con esos culebrones que dan cuenta, en el mejor de los casos, de despiste, y en el peor, de descoordinación. Reducir la confusión es, además, la condición necesaria para afrontar la negociación parlamentaria de la próxima Ley de Presupuestos.