Montilla acusa a la Defensora del Pueblo de actuar al dictado del PP

La tranquilidad le ha durado dos semanas. El presidente de la Generalitat, José Montilla, reapareció ayer tras 15 días de vacaciones con otro tema espinoso sobre la mesa. Cuando aún están recientes las heridas abiertas por el fallo del Estatuto, la defensora del pueblo en funciones, Luisa Cava de Llano, ha recurrido al Tribunal Constitucional la Ley de Acogida de Inmigrantes, que da prioridad al catalán como lengua preferente para la integración. Cava de Llano defiende su recurso "por coherencia" con la sentencia del Constitucional que estableció que el catalán no puede ser idioma preferente en la Administración. Montilla tiene otra visión y la acusó de actuar bajo el dictado del PP.

"Cava fue diputada popular y debería haberse abstenido", afirma Montilla

"Es un recurso que no tiene sentido. Cava es una antigua diputada del Partido Popular, está en funciones y debería haberse abstenido", defendió Montilla, en una accidentada comparecencia bajo un fuerte aguacero en las fiestas del barrio de Gràcia, en Barcelona. Montilla no dejó lugar a dudas y afirmó que el recurso tiene una intención "absolutamente partidista, en la línea que ha defendido el PP, que es ir contra todo lo que significa desarrollar el Estatuto". Y lanzó un mensaje claro: la ley es vigente y su obligación es aplicarla.

Todos los partidos catalanes, salvo el PP, Ciutadans y el diputado José Domingo, han deplorado el recurso de Cava de Llano, que sustituye de forma provisional desde el 1 de julio a Enrique Múgica, uno de los primeros en recurrir el Estatuto. Catalana de nacimiento, Cava de Llano, que ha sido adjunta del antiguo defensor, consideró una "perversión" que alguien asocie su militancia con el recurso. Y ha recordado que Múgica, de otro color político, compartía su misma opinión. "Lo hago por coherencia con el Constitucional. Los inmigrantes se integran perfectamente en castellano. No veo necesario que hablen catalán", añadió, desatando una ola de indignación en partidos, sindicatos y entidades de defensa del catalán.

La Ley de Acogida de los Inmigrantes fue aprobada en abril y Domingo ya anunció que acudiría al Defensor al denunciar que resultaba discriminatorio para los inmigrantes obligarles primero a estudiar catalán como requisito para renovar el certificado de arraigo cuando otros extranjeros, por ejemplo los hispanoamericanos, lo obtienen en otras comunidades sin necesidad de aprender otro idioma. Esa postura es justamente contraria a la del tripartito y CiU, que consideran que el estudio del catalán es esencial para la integración. La consejera de Acción Social, Carme Capdevila, defiende que si un inmigrante aprende primero catalán, acaba sabiendo castellano, cosa que no siempre ocurre si el orden se invierte. "Me gustaría que me demostraran eso científicamente", comentó Domingo, que también recurrirá el código de consumo contra las multas por no rotular en catalán. Rafael Blasco, consejero de Solidaridad y Ciudadanía de Valencia, afirmó que su comunidad es un ejemplo en materia de inmigración, donde "el aprendizaje del valenciano es voluntario".

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Montilla dio una imagen templada rechazando la insumisión jurídica que defiende su consejero Josep Huguet, de ERC, y negando que la sentencia pueda abrir la puerta a una avalancha de recursos contra las leyes de la Generalitat. Y, de paso, se desmarcó de todos los movimientos, tanto de sus socios de gobierno como de CiU, respecto a las relaciones con el resto de España. ERC quiere un referéndum independentista antes de 2014; CiU lo otea en ocho años e Iniciativa (ICV-EUiA) propuso ayer un referéndum con tres opciones: Estado autonómico, independencia o federalismo (por la que ellos votarían). Montilla negó que se esté quedando solo en la defensa de la vía estatutaria: "Que compitan entre ellos haciendo referéndums. Yo me siento muy acompañado. Hay mucha gente que votó por el Estatuto. Las aventuras y atajos no llevan a ninguna parte".