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El Gobierno pone en marcha el rescate de parte del Estatuto catalán

Caamaño es el encargado de la reforma para crear consejos judiciales autonómicos

El Gobierno puso ayer en marcha el rescate de parte del Estatuto de Cataluña, tras la poda realizada por la sentencia del Tribunal Constitucional. El Ejecutivo pretende salvar una parte, especialmente la referida al capítulo de Justicia; otra, como la referida a competencias delegadas, deberá ser negociada con la Generalitat, y una tercera es imposible de recuperar: el concepto de nación del preámbulo, las funciones del Defensor del Pueblo o la bilateralidad, entre otros aspectos.

Ayer el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, presentó al Consejo de Ministros un informe detallado sobre la forma de proceder y de ahí salió el mandato al Ministerio de Justicia para promover las reformas legales necesarias y el compromiso de convocar en breve la Comisión de Delegada de Política Autonómica para reunir en septiembre la comisión mixta de traspasos. Francisco Caamaño, ministro de Justicia y redactor de casi todo el texto final del Estatuto, tendrá que poner en marcha la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Consejo General del Poder Judicial delegue a los consejos autonómicos previstos en varios estatutos parte de sus competencias.

Los traspasos pendientes serán negociados en plena campaña electoral

La sentencia establecía que esa descentralización no podía hacerse a través de los estatutos, pero sí mediante la reforma de la ley. Además, deberá abordar la reforma del recurso de casación para que el Tribunal Supremo delegue esa función en los tribunales Superiores de Justicia. Se incluye también la reforma del Estatuto fiscal para que miembros del ministerio público puedan formar parte de esos consejos.

El Consejo de Ministros dio ayer este primer paso, pero la complejidad de la reforma legal hace que resulte incierta su aprobación en lo que queda de legislatura. Sería preciso definir la composición de esos consejos autonómicos, la forma de designación, las competencias que podrían asumir sin romper la unidad de la Justicia en todo el Estado, y ponerlos en marcha. Los partidos nacionalistas son claramente partidarios, pero el PP está en contra, a pesar de que los aceptó en estatutos que promovió, como el de Andalucía y el de Valencia.

Además, el Gobierno puso en marcha el procedimiento para negociar traspasos de competencias delegadas, incluidas en el Estatuto. Por ejemplo, hay un bloque sobre educación y otros sobre infraestructuras ferroviarias, museos y seguridad. También hay una parte sobre las veguerías y la nueva demarcación territorial de Cataluña, sobre la que el Gobierno tiene serias dudas. Debe también buscar fórmulas para que las comunidades, en este caso Cataluña, puedan tener presencia en órganos, como ya se ha hecho con el Constitucional, y una cierta representación en la Unesco. Y deben negociarse mecanismos de coordinación para ejecutar competencias compartidas. El calendario dificulta el desarrollo porque en septiembre se convocarán las elecciones catalanas.

El anuncio no provocó entusiasmo en los partidos catalanes. El PSC lo ve positivo, aunque pide un calendario concreto; CiU cree que es "una táctica preelectoral" y ERC, "una cortina de humo". El PP dice que "no se puede cambiar la Constitución a espaldas de los españoles", informa Maiol Roger.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 21 de agosto de 2010