Efectos secundarios

La agitación que está produciendo entre los socialistas madrileños la pugna por la designación de sus candidatos para las elecciones de 2011 deriva seguramente del especial interés del PSOE por hacer de esas elecciones, y especialmente de las autonómicas, el eje de su estrategia de recuperación con vistas a las generales del año siguiente: porque creen que los escándalos de corrupción pasarán factura a Esperanza Aguirre y porque piensan que derrotar a una dirigente tan señalada del PP elevará la decaída moral del electorado de centro-izquierda y detendrá el deterioro que reflejan las encuestas.

La pugna fue iniciada por Zapatero al proponer a Trinidad Jiménez. Cabe preguntarse si calculó las consecuencias de una implicación tan directa. Porque la resistencia de Tomás Gómez a retirarse en favor de la ministra ha conducido a la necesidad de elecciones primarias; los dirigentes socialistas se han felicitado porque vayan a celebrarse y han resaltado su carácter democrático por oposición al método digital seguido por el PP en casos como la sucesión de Aznar por Rajoy.

Sin embargo, es evidente que no eran primarias lo que deseaban esos dirigentes, al menos, Zapatero, que intentó convencer a Gómez para que se retirara. Precisamente porque se consideraba un riesgo para la cohesión interna la existencia de dos candidaturas enfrentadas. Y en todo caso, que el presidente no consiguiera su propósito es un síntoma de su pérdida de infalibilidad en el cara a cara.

Los resultados del proceso que ahora se inicia tendrán consecuencias asimétricas para los aspirantes. Aunque gane las primarias, si Jiménez pierde ante Aguirre se considerará un fracaso suyo (y de Zapatero), mientras que si lo mismo le ocurre a Gómez, saldrá reforzado: podrá seguir siendo el líder del partido, pero ahora mucho más conocido, jefe de la oposición desde la Asamblea regional y candidato en 2015. En el caso del Ayuntamiento, si Lissavetzky no gana, a nadie extrañaría que cuatro años después volviera a ser candidato, aunque seguramente ya no contra Gallardón, que aspira a más altas misiones.

El proceso también tendrá influencia en el Gobierno. El PP ha pedido la dimisión de Jiménez por considerar incompatible ser ministra y participante en una pugna de partido. Tiene sentido dimitir al ser proclamado candidato a presidir una comunidad, pero es dudoso que aspirar a ello exija abandonar el Consejo de Ministros si no está así previsto en los estatutos del partido. Las elecciones internas no son una cuestión privada, sino parte del funcionamiento de la democracia.

En todo caso, las primarias se celebrarán el 3 de octubre. Si gana, Jiménez tendrá que dejar el Gobierno, lo que dará un pretexto para la remodelación tan largamente aplazada, pero si pierde lo más probable es que también salga del Ejecutivo, pese a su buena gestión en Sanidad. ¿Había previsto Zapatero esas consecuencias cuando tomó la iniciativa de exteriorizar sus preferencias?