Francia desmantelará 300 poblados gitanos en réplica a los disturbios

Tras una polémica reunión presidida ayer por la tarde en el Elíseo por el presidente Nicolas Sarkozy, el ministro del Interior, Brice Hortefeux, anunció una batería de medidas destinadas a luchar contra la delincuencia en el seno de la comunidad gitana. La principal es el desmantelamiento en los próximos tres meses de 300 de los 600 campamentos ilegales que existen hoy en todo el país. Las asociaciones critican los términos represivos del gobierno y piden poder debatir sobre la situación de los casi 500.000 integrantes de esta comunidad en Francia.

Esta es la reacción del Gobierno a los episodios de violencia que han sacudido la ciudad de Saint-Aignan, en el departamento del centro de Francia de Loir-et-Cher, en los días que siguieron a la muerte de un joven gitano. Un control policial en la noche del viernes al sábado 18 de julio acabó, sin que se conozcan los detalles, en un tiroteo en el que perdió la vida uno de los ocupantes del vehículo, Luigi Duquenet, de 22 años. Durante todo el fin de semana siguiente se registraron graves incidentes en la ciudad, protagonizados por decenas de gitanos de la comunidad a la que pertenecía la víctima.

La muerte de un joven desencadenó la violencia en Saint-Aignan

París prevé la expulsión rápida para los extranjeros que delincan

"Al día siguiente de los primeros incidentes pedí al Elíseo que nos recibiera", explicaba ayer a la televisión francesa, Alice Javuel, de la Asociación Nacional de Gente del Viaje Católica. "Porque tenemos una juventud que se rebela (...), se sienten tratados como infrahumanos", añadía. Finalmente, la semana pasada la presidencia anunció la convocatoria del encuentro de ayer para examinar los "problemas que provoca el comportamiento de algunos" entre la gente del viaje, como se conoce a los gitanos franceses, y los integrantes del pueblo rom, término que se utiliza en referencia a los de Europa del Este. Pero no participó ninguna asociación.

La principal medida anunciada por el Gobierno es el desmantelamiento en los próximos tres meses de unos 150 campamentos ilegales en todo el país, así como la expulsión "casi inmediata" de los gitanos extranjeros que hayan cometido algún delito. En paralelo, el titular del Interior manifestó su voluntad de acelerar la creación de "zonas de acogida" para la gente del viaje. En efecto, la legislación francesa estipula desde el año 2000 que las localidades con más de 5.000 habitantes tienen la obligación que poner a disposición de la comunidad gitana áreas para que puedan instalarse. Según las asociaciones, a finales de 2008 tan solo el 42% de las previstas por la ley existían. Hortefeux dijo ayer que el 68% de ellas contaban ya con la financiación necesaria.

Ayer por la mañana, representantes de la Unión Francesa de Asociaciones Gitanas pidieron de nuevo poder participar en la reunión y denunciaron lo que consideran una "declaración de guerra" por parte del Gobierno. Piden que se eliminen unas condiciones que consideran discriminatorias. En concreto denuncian una ley en vigor desde 1969 que obliga a cada gitano mayor de 16 años a disponer de una libreta que la policía debe supervisar cada año o cada tres meses, en función del tipo de recursos que tiene.

Los partidos de la oposición y las asociaciones de defensa de derechos humanos también han denunciado el amalgama hecho por el Gobierno entre la delincuencia y la comunidad gitana, e incluso entre los gitanos franceses y los extranjeros. La Liga Internacional Contra el Racismo y el Antisemitismo (LICRA) ha criticado un "tratamiento étnico de la delincuencia", mientras que Amnistía Internacional ha advertido de que la reacción de Sarkozy no hará más que "perpetuar los estereotipos negativos" a los que están sometidos los gitanos.