La propuesta de indulto a militares de Pinochet divide a Chile

El compromiso del presidente de Chile, Sebastián Piñera, de decidir este fin de semana si acepta la propuesta de indultos para militares implicados en violaciones de los derechos humanos durante la dictadura pinochetista ha provocado una gran tensión en todo el país y un alud de pronunciamientos en contra.

Piñera ha recibido dos propuestas distintas, una la que presentó el pasado miércoles la Conferencia Episcopal Católica, y otra la que le entregaron ayer los representantes de las iglesias evangélicas. "La nuestra", aseguró el obispo evangélico Emiliano Soto, "no es un perdonazo, sino algo más matizado". El obispo católico Alejandro Goic mantuvo su iniciativa, que, dijo, no implica un indulto generalizado sino el estudio de cada caso individual, de acuerdo con normas humanitarias.

La gran duda es saber si las propuestas de las distintas iglesias implican algún tipo de acuerdo previo por parte de Piñera, el primer presidente que no pertenece a la Concertación centro-izquierda, sino a un partido de derecha, Renovación Nacional, desde el fin de la dictadura de Pinochet. El candidato de la Concertación, el senador demócrata cristiano Eduardo Frei, reaccionó con dureza ante cualquier intento de extender posibles indultos a condenados por violaciones de los derechos humanos. "Sería una burla para familias como la de general Prats que ha tardado más de 30 años en saber quiénes habían sido sus asesinos", dijo.

Sebastian Piñera, empresario, de 61 años, ganó las elecciones en noviembre de 2009, y se hizo cargo de la presidencia inmediatamente después del terremoto que asoló el país, por lo que ha estado sobre todo dedicado, hasta el momento, a la reconstrucción. Esta sería la primera gran prueba de calado político a la que se somete. La derecha reclama ese tipo de indultos desde hace tiempo y ha recibido con fervor la iniciativa de la jerarquía católica.

Las reacciones desfavorables a cualquier tipo de indulto a los militares violadores de los derechos humanos, al margen de la graduación o cargo que desempeñaran durante la dictadura, fueron respaldadas incluso por el presidente la Corte Suprema, Milton Juica, para quien "los indultos y la amnistía no deberían coexistir en un régimen democrático". La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos asegura que se trata de borrar crímenes de lesa humanidad, que han recibido "penas irrisorias" en los tribunales chilenos. Durante la dictadura de Pinochet se calcula que unas 3.000 personas fueron asesinadas y cerca de 50.000 sufrieron torturas. Según datos oficiales, hay en este momento 700 militares procesados, aunque solo unos 60 cumplen condena.

Fuentes cercanas a la presidencia aseguraron que los indultos no alcanzarían a los presos más emblemáticos, como el general Manuel Contreras, que dirigió la DINA (inteligencia nacional) y al que, entre otros asesinatos, se le atribuyen los del general Prats y su esposa y el de Orlando Letelier, ambos cometidos fuera de Chile. "Lo importante es que no se apruebe, de manera encubierta, una ley de obediencia debida que deje fuera de los tribunales a oficiales de menor graduación que cometieron torturas y asesinatos", aseguró el portavoz de la asociación de Derechos Humanos.