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Consecuencias del fallo del Estatuto

Zapatero y el líder del PSC buscarán vías para "reforzar" el Estatuto

El PSOE reconoce que CiU pone en aprietos a los socialistas catalanes

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunirá la próxima semana en el Palacio de La Moncloa con el presidente de la Generalitat, José Montilla, para analizar la "profunda insatisfacción" generada en Cataluña tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto. La reunión se celebrará tras el debate del estado de la nación en el Congreso y del pleno extraordinario del próximo viernes en el Parlamento de Cataluña, para analizar precisamente la sentencia. Desde La Moncloa se asegura que en esa reunión se sentarán las bases para "reforzar" el Estatuto por vías parlamentarias ordinarias. Esta es la fórmula que al Gobierno, de entrada, le parece más idónea para superar la insatisfacción que recorre Cataluña, señalan los interlocutores consultados.

La Moncloa y el PSOE interpretan que la insatisfacción parte del accidentado e inacabable procedimiento que el Tribunal Constitucional ha seguido para sentenciar el Estatuto. Pero también insisten en que una "lectura sosegada" de la sentencia permitiría hacer otra interpretación menos "lesiva" que la que se ha instalado en la mayoría de las fuerzas políticas catalanes, salvo en el PP.

Cuando se reúnan Zapatero y Montilla ya se habrán celebrados los debates en Madrid y en Barcelona. El presidente del Gobierno de España habrá recibido toda suerte de invectivas por parte de CiU, ERC e ICV, que le pedirán explicaciones por lo que han hecho los magistrados del Tribunal Constitucional. Y desde el ámbito socialista se prepara por supuesto la respuesta al portavoz que reproche a Zapatero "haber mentido, ya que se comprometió a aprobar el Estatuto que saliera del Parlamento catalán". La respuesta es de mero procedimiento y de separación de poderes. En efecto, desde el poder Ejecutivo no se puede dedicir qué sentencia dictará un tribunal.

De entrada, las demandas que se han formulado desde los partidos catalanes, a excepción del PSC, no serán aceptadas por el Gobierno central; pero tampoco por el presidente catalán. Ni el Gobierno, ni el PSOE ni el PSC aceptan ni como planteamiento que esta sentencia obligue a "revisar el pacto constitucional". Bajo esta denominación parece estar todo el entramado autonómico en el que se sustenta el Estado. Pero la sentencia y la manifestación del sábado ha animado a los partidos nacionalistas, por un lado, e independentistas, por otro, a subir el listón de sus demandas. ERC considera que el Estatuto ya ha sido desbordado y plantea abiertamente caminar hacia la independencia. CiU, por su parte, quiere que se respete escrupulosamente el texto que salió del Congreso de los Diputados y fue votado en referéndum por los catalanes. Sin ambages, además, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida apela a las elecciones catalanas para salir de este embrollo.

No obstante, en La Moncloa tratan de convencer de que su apuesta es desarrollar el Estatuto, al estimar que la sentencia "no vulnera su columna vertebral". Esta conclusión, aún inicial, parte de la " lectura exhaustiva" que se está haciendo del texto y que, a pesar de las anulaciones e interpretaciones, permite un desarrollo legislativo muy amplio del autogobierno. "Ahora corresponde a la Generalitat, con el apoyo del Gobierno central, rellenar su contenido", señalan los interlocutores gubernamentales consultados. Cuando Montilla acuda la próxima semana a La Moncloa, el presidente tendrá argumentos para tratar de convencerle de que no es tanta la amputación del texto.

Ahora bien, La Moncloa, el PSOE y el Grupo Socialista son conscientes de que la celebración de las elecciones catalanas en otoño condiciona notablemente esa reacción tan dramática de la sentencia. Los socialistas "comprenden" la difícil situación en la que se encuentra el presidente José Montilla y el PSC, en su conjunto.

Los socialistas atribuyen a CiU la voluntad de poner al PSC en serias dificultades; lo que Montilla llama "las trampitas" que espera encontrarse en el ámbito parlamentario. En efecto, los textos que CiU ofrezca al PSOE en el Congreso no podrán ser previsiblemente aceptados por el Grupo Socialista que dirige José Antonio Alonso, en el que están integrados los diputados del PSC. En esa dirección figura, además, el diputado catalán Daniel Fernández.

"Ecuanimidad y respeto a los sentimientos" es la fórmula que piensa utilizar la dirección del Grupo Socialista para manejar la difícil situación que se les abre a partir de mañana. Por un lado, no pueden aceptar las resoluciones que en este debate planteen los partidos catalanes, pero tampoco pueden dejar al PSC a los pies de los caballos.

Por eso, Alonso y Daniel Fernández contrapondrán otras propuestas respetuosas con el Estatuto. En el PSOE, no obstante, sí son conscientes de que "hay muchos sentimientos en Cataluña heridos, por mucho que la sentencia no sea tan lesiva".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 13 de julio de 2010