Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Hacienda planea eliminar deducciones para elevar el impuesto de sociedades

La recaudación del tributo sobre beneficios empresariales sigue en retroceso

Las arcas públicas comienzan a recuperarse del enorme golpe sufrido en 2008 y 2009, periodo crítico que se comió un tercio la recaudación del Estado. Según las cuentas de la Agencia Tributaria, los ingresos por impuestos acumulan hasta mayo una subida del 3,4% respecto al mismo periodo del año pasado. Todos los grandes tributos (IRPF, IVA, impuestos especiales) remontan, con una sonora excepción: la recaudación del impuesto de sociedades, que grava los beneficios empresariales, registra aún una caída interanual del 19%. Una situación que ha llevado al Ministerio de Hacienda a reabrir el debate sobre la necesidad de revisar las deducciones y beneficios fiscales que se aplican en este impuesto.

El Ministerio estudia limitar el descuento por gastos financieros

Las bonificaciones por inversiones en I+D también se ponen en revisión

Fuentes de Hacienda precisan que este proceso de revisión será "largo y sosegado", lo que descarta decisiones inmediatas. Y también que no se contempla, por ahora, tocar los tipos -en general se aplica un 30%, que se convierte en 25% para las pymes-, rebajados por primera vez hace solo tres años. Lo que persigue el Ministerio es lograr "más neutralidad" en el impuesto. Según se apliquen las deducciones y las bonificaciones, así varía lo que los expertos llaman el tipo efectivo, que compara la base imponible que declaran las empresas con lo que pagan realmente a Hacienda. A juicio del Gobierno, las variaciones son excesivas -si en unas empresas el tipo efectivo es del 29%, otras logran rebajarlo hasta el 19%- y explican, en parte, el descenso de recaudación.

Porque la caída en ingresos se produce pese a que los beneficios de las empresas suben. En el primer trimestre de este año, el resultado de las empresas que cotizan en Bolsa aumentó un 7,5%, incremento que llegó al 18,5% en el que caso de las 35 grandes compañías que integran el índice selectivo Ibex. Y, sin embargo, los pagos a cuenta por ese trimestre del impuesto de sociedades cayeron un 22%, descenso que alcanzó el 30% en el caso de los grupos consolidados (las grandes compañías).

Hacienda señala varias razones para estas notables discrepancias. Algunas empresas pueden estar compensando pérdidas de ejercicios pasados; en otras (es el caso de las grandes compañías) ha aumentado la cuota de beneficios logrados en el extranjero, que no tributan en España. Y otras se estarían aprovechando de un uso intensivo del régimen de deducciones y bonificaciones, ventaja que el Gobierno pretende limitar.

"Son grandes empresas, con presencia internacional y programas de innovación y desarrollo, con un alto nivel de endeudamiento". Fuentes de Hacienda dibujan así el perfil de las compañías que más jugo sacan a esas ventajas fiscales.

El régimen de deducciones y bonificaciones en el impuesto de sociedades ya fue objeto de un intenso debate en la reforma de 2006. Entonces, el ex vicepresidente económico, Pedro Solbes, defendió que el recorte de los tipos debía ir acompañado de una drástica revisión de estas ventajas fiscales. Pero el trámite parlamentario aguó buena parte de ese planteamiento. A cambio del apoyo de CiU, el Gobierno mantuvo las bonificaciones a la inversión en I+D o a la reinversión de beneficios extraordinarios. Sí se acordó la supresión paulatina de las deducciones en la cuota íntegra por inversiones en el extranjero, eliminación que se consumará en el ejercicio de 2011.

Las dos bonificaciones que se salvaron de la quema en 2006 son claras candidatas a ser suprimidas ahora, en la revisión que ha iniciado Hacienda. El Ministerio se resiste a dar más precisiones, aunque admite que estudia poner límite a la deducción por gastos financieros en la base imponible, un tope que ya se ha puesto en marcha en algunos países europeos y que tiene potencial recaudatorio, dado el alto nivel de endeudamiento de las empresas españolas. Las normas para valorar y amortizar el fondo de comercio (la diferencia entre el valor de mercado y el valor contable de un activo) también están en revisión.

La Agencia Tributaria ultima, además, un código de buenas prácticas con varias grandes compañías. Con este código, cuya firma está prevista para este mes, las empresas se comprometen a consultar con los técnicos de Hacienda antes de llevar al límite la normativa fiscal. La Agencia cree que esta vía de colaboración permitirá reducir los conflictos judiciales. Una porción importante de la deuda pendiente con Hacienda (unos 40.000 millones en total) está en los tribunales.

Las cuentas suizas, a la fiscalía

La nueva dirección de la Agencia Tributaria, presidida desde hace dos meses por Juan Manuel López-Carbajo, no oculta su malestar por las críticas contra la vía elegida para aflorar el dinero negro detectado en 3.000 cuentas de la filial suiza del HSBC a nombre de titulares españoles. "El procedimiento se asemeja a una amnistía fiscal", llegó a afirmar la Organización de Inspectores.

Hacienda se resiste a dar dato alguno sobre su actuación, pero insiste en que el procedimiento elegido es el habitual y en que no da facilidad alguna. Fuentes de la Agencia aseguran que el procedimiento empezó a iniciativa española, con una petición de información a Francia sobre el listado de cuentas de la filial de HSBC. El banco asegura que el listado con 16.000 cuentas fue robado en 2006 por un antiguo empleado, que fue quien se lo proporcionó a las autoridades francesas.

Una vez identificados los titulares españoles, la Agencia Tributaria les mandó el mes pasado un requerimiento para que regularizasen su situación antes del 30 de junio. La agrupación de inspectores mantiene que esta vía de declaración voluntaria zanjaría el fraude con un recargo del 20% y cerraría el paso a sanciones mayores o a una imputación por delito fiscal.

Fuentes de Hacienda oponen que el requerimiento es un paso previo que no exime de una posterior acta de inspección o diligencia penal. Sostienen que, además, interrumpe el plazo de prescripción de la infracción administrativa o el delito. Y afirman que, al no considerarse un acto voluntario, habrá sanciones por el dinero evadido (entre el 50% y el 150% de la deuda tributaria) y se informará a la Fiscalía siempre que se den las condiciones para un delito fiscal (una cuota íntegra impagada superior a 120.000 euros). La Agencia añade que, hasta junio, los ingresos derivados de la lucha contra el fraude aportaron 4.600 millones, un 31% más que el año pasado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 12 de julio de 2010

Más información