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Los derechos humanos en Cuba

La liberación de disidentes no altera la posición de EE UU hacia la isla

Washington exige un comportamiento más claro para levantar el embargo

Antonio Caño

El anuncio de la liberación de cinco presos políticos en Cuba y la promesa de que otros 47 saldrán de la cárcel en los próximos dos o tres meses resulta insuficiente para facilitar a corto plazo una mejora de las relaciones con EE UU, que exige un comportamiento más claro de parte del régimen en el respeto de los derechos humanos para levantar el embargo económico vigente sobre la isla.

La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, interpretó la decisión del Gobierno cubano como "un signo positivo", pero advirtió de que era algo que debía haberse producido hace mucho tiempo y no quiso especular sobre las consecuencias que puede tener en las relaciones bilaterales. Barack Obama tomó, al comienzo de su Administración, medidas para mejorar las comunicaciones entre los dos países y facilitar el contacto entre los cubanos del interior y los cientos de miles que residen en este país. Pero, ante la falta de reciprocidad por parte de La Habana, las posibilidades de nuevas concesiones norteamericanas se esfumaron rápidamente. Clinton aseguró en primavera que Washington no tomaría más medidas hasta que se produjeran signos evidentes de apertura y respeto a los derechos humanos en Cuba.

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Esta liberación de presos va en esa dirección, pero no es previsible que el anuncio, por sí solo, sirva para que EE UU tome medidas. No lo creen así los principales expertos, como Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, quien pronosticó que "queda un largo camino por delante". Más aún cuando las organizaciones de derechos humanos elogian la medida anunciada en Cuba pero relativizan su valor.

"Mientras en Cuba continúen imperando leyes draconianas y procesos judiciales que no son más que una farsa, las cárceles seguirán poblándose con nuevas generaciones de cubanos inocentes que se atrevan a ejercer sus derechos básicos", afirma el director de Human Rights Watch para América, José Miguel Vivanco.

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En estas circunstancias, lo más probable es que la Administración norteamericana espere a ver primero si todos los presos son efectivamente liberados y, después, a comprobar si esa medida es un gesto aislado o responde a la voluntad del régimen de aumentar las libertades.

Mientras tanto, está abierta en el Congreso una vía para reducir el embargo que puede acelerarse o demorar aún mucho tiempo, en función de la marcha de los acontecimientos. El 30 de junio, el Comité de Asuntos Agrícolas de la Cámara de Representantes, que es uno de los que entiende sobre asuntos del embargo, votó a favor de levantar la prohibición de que los ciudadanos norteamericanos viajen a Cuba. Esa propuesta debe aún ser discutida por el Comité de Asuntos Exteriores de esa Cámara, pasar después al pleno y ser respaldada también por el Senado antes de convertirse en ley.

Se trata de un proceso largo y muy complicado de desarrollar a cuatro meses de unas elecciones legislativas en las que los dos partidos se juegan posiciones importantes en Florida, donde reside la mayor parte del exilio cubano.

La posibilidad de una acción personal del propio Obama se ve, a su vez, igualmente condicionada por el calendario electoral, así como por las dudas que el presidente ha ido acumulando a lo largo de su estancia en la Casa Blanca sobre la verdadera voluntad de las autoridades cubanas. Parece necesario algo más que este anuncio para vencer esas dudas.

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