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Análisis:

Nubarrones sobre el litoral

Ciertos grupos políticos han visto en el proyecto de Ley de Protección del Medio Marino una oportunidad para lanzar nuevas cargas de profundidad contra la Ley de Costas, que ha sustentado, desde hace 22 años, la política de costas de los diferentes Gobiernos. La norma ha supuesto un instrumento eficaz para la defensa y recuperación del litoral frente a las presiones de los especuladores o de apropiación del dominio público marítimo terrestre, en un país que hasta hace poco creía que potenciar el turismo pasaba por el desarrollismo constructor.

El lema que usamos para difundir los objetivos de la ley: "Convertir un espacio de nadie en un espacio de todos" se moderniza y apunta a la conversión del dominio público litoral en "espacio de algunos".

Las enmiendas de los nacionalistas usan manoseados argumentos sobre la singularidad de las costas que solo las comunidades parecen distinguir. Es el caso del PNV, que cree necesario recordar al legislador que el Atlántico es un mar con marea y el Mediterráneo no. Se quiere desconocer que la asunción creciente de competencias de gestión del litoral por las comunidades se ha traducido en un debilitamiento también creciente de la defensa del dominio público. El Estado debe mantener, como mínimo, las competencias inherentes a su titularidad demanial, que es un imperativo constitucional. La costa es un patrimonio colectivo que no se debe compartimentar.

Otras enmiendas van sin disimulo a la línea de flotación de la Ley de Costas, como la de CiU, que plantea la revisión de los criterios de deslinde del dominio público en áreas urbanas consolidadas "con singularidades propias". Coalición Canaria propone la amnistía general y el reconocimiento de supuestos derechos adquiridos para construcciones con "valores históricos, etnográficos, arquitectónicos o pintorescos" -conceptos jurídicos escasamente determinados- a los que las Administraciones se obligan a otorgar concesiones de al menos 30 años para su uso actual, incluido el residencial y habitacional, prohibido en la ley vigente, y sin canon alguno.

Me preocupa que en las negociaciones políticas se consoliden estos planteamientos. No abundan los políticos que apoyen abiertamente la aplicación de la ley. Prefieren los votos de unas decenas de vecinos que se benefician de ocupaciones irregulares a la defensa del litoral, sin tener en cuenta la opinión no explicitada del resto de la sociedad, ni los riesgos que supone el desmantelamiento de la Ley de Costas frente a desarrollos urbanísticos.

No se puede negar la existencia de situaciones de gestión políticamente complicada, por el tiempo transcurrido, por el número de afectados, por una histórica ineficiencia de la Administración, por la demagogia de los argumentos, más mediáticos que jurídicos, pero que han configurado una apariencia de legalidad o al menos de justicia en ciertas ocupación ilegales, y que en el contexto actual será difícil aplicarles la legalidad con crudeza. A esto contribuye a veces la opinión pública, condicionada por la opinión publicada, dispuesta a escuchar, armar un reality show y poner megafonía a situaciones en las que se asumen los "abusos de una Administración injusta", sobre ciudadanos "indefensos", beneficiarios, muchas veces ilegalmente, de bienes protegidos que nos pertenecen a todos.

Fernando Palao fue secretario de Estado y redactó la Ley de Costas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 9 de julio de 2010