Murcia recula y dice ahora que acatará la nueva ley del aborto

El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel (PP), empezó a recular ayer en su declarada intención de esquivar la nueva ley del aborto. Su comunidad sí acatará la norma, dijo, tras conocer que no es probable que el Tribunal Constitucional -que estudia ahora un recurso interpuesto por su partido- suspenda su aplicación. El martes, el ministerio de Sanidad envió a las autoridades murcianas una carta en la que les instaba a adoptar "las medidas oportunas para, de manera inmediata, dar efectividad a la entrada en vigor de la ley".

Acataremos la ley, pero por "imperativo legal", aseguró Valcárcel en Bruselas. "No porque estemos de acuerdo con ella, ya que sus efectos son irreversibles". Y lo hará porque, tras una respuesta del Consejo General del Poder Judicial, ya no hay dudas jurídicas sobre si el Constitucional puede paralizar su aplicación. Solventadas esas dudas, informó un portavoz de la presidencia murciana, se mantienen, sin embargo, todas las incertidumbres técnicas de aplicación de la ley. Lo que sigue impidiendo, reiteró Valcárcel, su puesta en marcha.

El ministerio de Jiménez refuta las pegas técnicas que aduce la región

Murcia planteó estas cuestiones en una carta remitida a Sanidad el pasado viernes, y el ministerio de Trinidad Jiménez las zanjó en otra misiva el martes. La consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, se quejaba de que su región no ha tenido tiempo de adaptarse a la ley. El ministerio le contestó que no entiende este argumento, "máxime cuando otras comunidades no han tenido problemas para proveer los medios y articular el procedimiento para ello".

Sanidad explica en esa carta que la nueva norma fue publicada el 4 de marzo y que Murcia, como el resto, tuvo oportunidad de seguir la evolución de los reales decretos que la desarrollan -y que apenas introducen novedades técnicas- a través de los distintos organismos de Sanidad, incluido, explican, el Consejo Interterritorial en el que participan todos los consejeros.

Murcia no ha cumplido con uno de los puntos fundamentales de la ley: la elaboración de la documentación que debe recibir la mujer para iniciar el periodo de reflexión de tres días, sin el cual no puede realizarse la interrupción del embarazo. La consejera asegura no haber tenido tiempo y se escuda en que la guía elaborada por Sanidad para ayudar a las regiones a redactar los textos les llegó hace apenas una semana. El ministerio responde que ya el 16 de junio se adelantó el contenido.

Valcárcel insistió además ayer en uno de los argumentos técnicos que considera fundamentales, que ninguna de las cinco clínicas que hay en su región está acreditada para practicar abortos conforme a todos los supuestos de la nueva ley, "ya que no ha existido tiempo material de cumplir con este procedimiento".

"Los centros sanitarios privados podrán seguir realizando las actividades para las que hubiesen sido acreditados, conforme a las normas vigentes antes de la entrada en vigor del nuevo marco jurídico, hasta que la autoridad sanitaria resuelva la solicitud de una nueva acreditación", responde Sanidad. Y explica que para pedir esta nueva acreditación, las clínicas tienen cuatro meses de plazo.

Todavía ayer, fuentes de la presidencia murciana, aseguraban que persiste la intención de derivar a las mujeres a abortar a otras regiones. Mientras, Sanidad e Igualdad aguardan a verificar las posiciones de esta y otras comunidades. Sanidad recordaba el viernes a las autonomías la existencia de la llamada Alta Inspección, una capacidad que tiene el Estado para comprobar que no hay discriminación en el acceso a la prestación en las distintas regiones, vulneración que ya se estaría produciendo por Murcia.

Pero mientras esta región intenta dar marcha atrás en su rebelión contra la ley, se suceden las llamadas de atención a esta comunidad. La asociación de juristas Preeminencia del Derecho presentó ayer una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra Valcárcel por no querer aplicar la ley de plazos.