Cuatro años para cuatro artículos

La eficiencia de los tribunales españoles no ha sido nunca una de sus características más destacadas, pero creo que el Constitucional ha conseguido establecer un récord. La mención que hago a "cuatro artículos" no debe tomarse en un sentido matemático, pero responde a la realidad, ya que, aunque sean más los artículos objeto de recorte, la mayoría de ellos lo son en sentido derivado, ya que al modificar algún elemento importante de un artículo ha sido necesario introducir las correcciones lógicas en otros subsiguientes que se refieren al mismo tema y, por tanto, suman más.

La supuesta inconstitucionalidad afecta a: la supresión del uso "preferente" del catalán en las Administraciones y medios de comunicación públicos, el carácter "exclusivo" de las competencias del Síndic de Greuges, las competencias del Consejo de Justicia de Cataluña y la eliminación de la mención al "esfuerzo fiscal" en las transferencias de la solidaridad interregional.

¿Quiénes son esos señores y señoras que se creen que están por encima de la voluntad del pueblo español y del catalán?

¡Al leer el contenido de la sentencia, uno entiende que hayan sido menester cuatro años de arduos trabajos para descubrir estos importantes errores y darse cuenta de que, por todo lo demás, el Estatuto catalán es plenamente constitucional! Y, sobre todo, para poder añadir una consideración interpretativa profunda: que el uso del término nación en el prólogo no tiene consecuencias jurídicas. ¡Cómo si no lo supiéramos ya! ¡Por esto está en el prólogo y no en el articulado!

Algunos dijimos hace ya más de dos años que la irresponsabilidad del PP al plantear un recurso y la del Tribunal Constitucional al admitirla a trámite era una trampa mortal para el propio tribunal y un peligro claro de rompimiento del pacto constitucional en el que hemos basado la convivencia los últimos 40 años. Ambas cosas se están, desgraciadamente, confirmando.

El prestigio del TC se ha ido degradando, mes tras mes, ante el espectáculo que ha ofrecido y su sentencia lo acaba de rematar. ¡No es de extrañar que su propia presidenta sugiera ahora que se renueve rápidamente!

Se equivocan quienes piensan que lo grave de la sentencia es su contenido (mucho ruido y pocas nueces). Lo verdaderamente grave es que haya habido sentencia. Después de varias décadas en las que habíamos conseguido hacer calar en el país que la esencia de la democracia es el imperio de las leyes emanadas de la soberanía popular y que sectores, como el militar, habían aceptado claramente cuál es su papel en el juego democrático, resulta que ahora hay un órgano institucional que cree que puede y debe opinar, recortar, interpretar y hasta prevenir sobre un pacto que, a través de un procedimiento plenamente constitucional, han elaborado y materializado la soberanía democrática española (las Cortes Generales) y la representación máxima del pueblo catalán (el Parlament y el propio pueblo en referéndum). ¿Quiénes son esos señores, y señoras, que se creen que están por encima de la voluntad del pueblo español y del catalán? Su papel es otro, importante, pero no el de decidir lo que se puede pactar y lo que no. Este es un tema de democracia y de dignidad.

Me parece claro que esto supone una quiebra del Estado y significa un rompimiento del pacto constitucional, rompimiento propiciado por aquellos que sólo a regañadientes aceptaron en su momento la Constitución, aunque ahora se la pongan en boca constantemente. Es, sin duda la reaparición de la España predemocrática, consolidada en su momento por el franquismo y resucitada luego por el aznarismo, entre silencios incomprensibles.

Para mí, la manifestación del próximo sábado tiene sentido, no para mostrar el rechazo al contenido de la sentencia (lo repito, bastante insulsa para los que esperaban algo mucho más fuerte), sino para poner de manifiesto la necesidad de un cambio de rumbo institucional y la voluntad de los catalanes de seguir las reglas y el espíritu del pacto constitucional y estatutario del 78.

Es absurdo y estéril discutir ahora de lemas y de pancartas que no hacen más que disminuir la rotundidad de un acto que debe ser colectivo, masivo y unitario. Deseo y espero que lo sea, aunque temo que las discusiones actuales, reflejadas en el espectáculo ofrecido por algunos de los participantes en el debate de TV-3 del pasado jueves, puedan inducir a muchos dudosos a ver la puesta de sol en la playa. Si no es un acto rotundamente unitario, ¡sería mejor bañarse!

Joan Majó es ingeniero y fue ministro de Industria.