El copago de los servicios sociales básicos se impone por la crisis

La Generalitat pide a los municipios unidad de criterio en la cuota ciudadana

Más del 10% de la población catalana es usuaria de los servicios sociales básicos, principalmente de la teleasistencia y de la ayuda domiciliaria, cuya demanda se ha disparado en los últimos años. La crisis lleva a las administraciones locales a aplicar el copago de estos servicios, pero de forma muy desigual. Por ejemplo, la teleasistencia es gratuita para los ciudadanos de Barcelona, pero los del Alt Urgell deben pagar la totalidad de su coste.

En la atención domiciliaria el copago está más generalizado, aunque la aportación del usuario varía según la comarca, que puede oscilar entre el 20% del Alt Camp y el 30% de la Garrotxa. En esta comarca, como en muchas que lo han implantado en estos servicios, los usuarios con rentas altas pagan hasta el 100% del coste, de unos 15 euros por hora si es atención domiciliaria. Y es que en Cataluña no existe un modelo único de copago en los servicios sociales básicos porque las administraciones locales, a las que corresponde prestarlos (Ayuntamientos en el caso de ciudades de más de 20.000 habitantes y consejos comarcales para las poblaciones que no superan esta cifra), tienen plena autonomía para decidir sobre la aportación económica de los usuarios. La falta de homogeneidad genera agravios comparativos entre ciudadanos, un problema que la Generalitat quiere combatir estableciendo un "marco general" que guíe a Ayuntamientos y consejos comarcales a la hora de decidir sobre la contribución de los usuarios en el pago de los servicios sociales básicos.

Barcelona ha dejado este año de prestar la atención domiciliaria gratis

Esta es una de las propuestas que el Departamento de Acción Social y Ciudadanía incluye en el Plan Estratégico de Servicios Sociales 2010-2013, que la consejera Carme Capdevila presenta hoy en el Parlament. El plan apuesta por el copago como una herramienta necesaria para "asegurar la sostenibilidad" de un pilar fundamental del Estado de bienestar como son los servicios sociales.

La Generalitat no tiene competencias en servicios sociales básicos, por lo que el "marco general" que establecerá no será de obligado cumplimiento para los Ayuntamientos y consejos comarcales. Sin embargo, el Departamento de Acción Social y Ciudadanía defiende la necesidad de que se cumpla, ya que muchos Ayuntamientos y consejos comarcales que no aplicaban el copago ahora lo están implantando -y de forma muy diversa-, debido a la creciente demanda de estos servicios y al generalizado adelgazamiento de las finanzas municipales por la crisis. El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, implantó a principios de este año el copago, que varía en función de la renta del usuario, para la atención domiciliaria. Lo mismo hizo en junio el Consejo Comarcal de la Conca de Barberà, que pide al beneficiario, salvo excepciones, la aportación del 20% del coste de un servicio que hasta ahora era gratuito.

La disparidad de criterios a la hora de implantar el copago no sólo preocupa a la Generalitat; es un tema de debate en el propio ámbito de la Administración local. Prueba de ello es que la Diputación de Barcelona ha consensuado con la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) un documento en el que se proponen unos criterios comunes de copago para la misma tipología de servicios con el objetivo de "promover la homogeneidad" y evitar "la extrema diversidad de situaciones" que existen entre las Administraciones locales. El acuerdo propone unificar el modelo de cálculo de la capacidad económica del usuario, los porcentajes del gravamen y los precios de referencia sobre los que calcular el copago.

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