La excusa del pacto

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha anunciado que la subida de las tarifas eléctricas queda aplazada a la espera de un pacto energético, de contenido y propósitos imprecisos, con el Partido Popular (PP). De nuevo, el Gobierno recurre a una de sus tácticas favoritas, que consiste en escudarse detrás de una negociación para retrasar las decisiones urgentes y dolorosas. La maniobra suele dar resultado porque durante los años de prosperidad ha cristalizado la idea de que, en cualquier circunstancia, un pacto es mejor que la decisión directa del Gobierno.

Pero en este caso las virtudes genéricas de un acuerdo político se convierten en un despropósito. De entrada, la pedagogía del Gobierno es pésima, puesto que sitúa la fijación de un precio en una transacción política. Pero es que, además, la negociación de un acuerdo con el PP en nada obstaculiza que periódicamente el precio de la electricidad se vaya ajustando a los costes reales. Aunque el vaporoso acuerdo consiguiera abaratar los costes de acceso, ninguna revisión evitaría que la tarifa tenga que encarecerse ahora menos del 5% o el 6% porque tiene que sufragar un déficit acumulado superior a los 15.000 millones.

Hay más razones para deplorar esta decisión. El Gobierno quiebra la estabilidad regulatoria, de forma que un camino emprendido (la revisión periódica de la tarifa para repercutir los costes) se abandona so pretexto de un acuerdo (difícil de concebir, por otra parte), que no exige tal renuncia. De una tacada, el ministro comunica a los inversores (los temidos mercados) la torpeza de que los ingresos de las empresas penden de un trato político y transmite a los votantes otra mayor: que gracias a la intervención del PP se ha parado (por ahora) el encarecimiento del recibo de la luz.

Si un pacto sin "líneas rojas" le parece tan necesario al Gobierno, podría acordar con el PP que, en el futuro, ningún Gobierno cometa el fraude de embalsar los precios de la electricidad, tal como hizo el Gobierno del PP del que Cristóbal Montoro formaba parte; o que se racionalicen las primas a las renovables; o que se reclame a las compañías los más de 3.500 millones de euros que, según la Comisión Nacional de Energía, percibieron de más en concepto de costes de transición a la competencia; o que se terminen los beneficios espurios de algunas energías (nuclear e hidroeléctrica) mediante la imposición de tasas excepcionales. El camino lo abrió Angela Merkel y sería muy razonable seguirlo.