El veto al tabaco en todo espacio cerrado logra un voto casi unánime

La reforma de la ley del tabaco, que prohibirá fumar en todos los lugares públicos cerrados, pasó ayer su primer trámite parlamentario y logró el apoyo de la mayoría de los grupos políticos. La nueva norma, llevada al Congreso por PSOE, ERC e IU-ICV, fue admitida a debate con 341 votos a favor, dos en contra (uno del PP y otro del PSOE) y cuatro abstenciones (UPyD, UPN y dos del PP). La futura ley salió victoriosa del Pleno del Congreso, aunque sin la unanimidad total de la que hacía gala la titular de Sanidad, Trinidad Jiménez. La mayoría de los grupos parlamentarios anunciaron que su voto positivo tiene, además, varios peros. Desde los más críticos, como los del PP, que sostienen que la reforma afectará de forma considerable al sector de la hostelería, a los de Izquierda Unida, que busca una nueva ley más restrictiva.

El PP critica los efectos de la norma en el sector hostelero

La propuesta entra en debate. Se prevé que esté en vigor en enero de 2011

Tras este primer paso, explicó la portavoz de Sanidad del PSOE, Pilar Grande, toca iniciar un largo proceso de debate para lograr un texto consensuado, porque la mayoría de los grupos buscan introducir enmiendas a la nueva ley. Tal y como ha llegado al Congreso, la normativa que, según reiteró ayer Jiménez, se prevé que entre en vigor en enero de 2011, prohíbe fumar en todos los espacios públicos cerrados con la excepción de hoteles (que podrán reservar un 30% de habitaciones para fumadores), prisiones, clubes de fumadores y psiquiátricos. Este último punto es uno de los que IU busca cambiar. "Los pacientes de estos centros tienen el doble de tabaquismo que la población general y mueren antes por este problema", dijo su portavoz, Gaspar Llamazares, que también criticó la opción de los clubes de fumadores. Lugares que, según el Gobierno, son "residuales".

La nueva ley del tabaco debería incidir, según IU, en el precio de los cigarrillos y limitar el patrocinio y las campañas de publicidad de la industria. Además, debería incluir medidas de ayuda a los fumadores para abandonar el tabaco, declaró Llamazares. Esta y otras medidas educativas son los puntos flojos de la nueva ley, que se limita a eliminar de la norma actual (que entró en vigor el 1 de enero de 2006) los lugares donde ya no se podrá fumar.

Así, la mayoría echa de menos un texto más rico en el que se incluyan, por ejemplo, esas políticas de ayuda a dejar el hábito. "Se deberían cubrir los costes de los tratamientos y fármacos de deshabituación del tabaquismo", planteó la portavoz de CiU, Contxita Tarruella. Una opinión compartida por Joseba Aguirretxea, del PNV, que criticó que la proposición de ley no plantea medidas sanitarias, sino más relacionadas con el comercio. La ministra de Sanidad, sin embargo, aclaró tras el debate parlamentario que, de momento, no está previsto que se introduzcan medidas de ese tipo en el texto legal. "Cada comunidad tiene sus propios planes para ayudar a los fumadores", comentó. Tampoco se incluirán en la cartera de servicios sanitarios los fármacos para deshabituarse. "Muy pocos países de la UE los tienen. Aún no está comprobada científicamente su eficacia", aclaró.

Pero el punto más polémico de la reforma de la ley del tabaco está, sin duda, en los efectos que esta tendrá en el sector de la hostelería. Y ese es el argumento principal del Partido Popular. Su portavoz, Mario Mingo, dejó caer ayer que esta época de crisis no es un buen momento para poner en marcha una ley que tendrá efectos nocivos en muchos bares y restaurantes. Mingo aseguró que en los países de la UE que tienen leyes más restrictivas en cuanto al tabaco ha aumentado el número de fumadores. "Las medidas de salud públicas no funcionan, tienen más resultado las medidas educativas y de prevención. Cuando entró en vigor la ley que ahora se modifica, fumaba el 26% de los españoles; ahora lo hace un 27%", aseguró.

Los efectos de la nueva norma en el sector de la hostelería preocupan. "No podemos castigar a los restauradores que se creyeron la otra ley, que la cumplieron. Son pocos, pero los que hicieron inversiones deben ser compensados, por ejemplo con desgravaciones fiscales", argumentó la portavoz de CiU. Una postura que comparten, entre otros, PNV.

Trinidad Jiménez, sin embargo, aseguró que solo el 1% de los hosteleros hizo reformas para adaptarse a la ley actual y que se gastaron entre 8.000 y 12.000 euros. "El Gobierno considera que desde que entró en vigor la ley hasta ahora ya se han amortizado esos esfuerzos económicos".

La Federación Española de Hostelería (FEHR), asegura que la nueva prohibición tendrá una repercusión gigantesca en su sector. Aseguran que los bares y los pequeños establecimientos -más de 240.000 en toda España- serán los más afectados por la nueva normativa. Esta, dicen, podría suponerles al menos un 10% en la caída de las ventas. Un argumento con el que Sanidad discrepa. "Las leyes antitabaco no han tenido consecuencias económicas negativas en los países donde se han implantado", reiteró Jiménez.

El Partido Popular que, como UPyD y PNV, criticó la forma en que se tramita la reforma (proposición de ley en lugar de proyecto de ley), pedirá la comparecencia de todos los sectores implicados.