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Análisis:
Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Residentes con derechos

Lo primero que hay que dejar claro es que el turismo sanitario entendido como "huy, me siento mal, voy a coger un avión y me voy a España que me tratan mejor" prácticamente no existe. El que está enfermo no suele viajar si puede recibir tratamiento cerca de su casa y en su entorno.

Pero eso no quita valor a lo aprobado ayer en el Consejo de Ministros de la UE. Porque lo que sí que hay, y cada vez más, son muchos residentes comunitarios que a partir de ahora podrán elegir dónde se les trata si se ponen malos (y no es una urgencia): en España o en su país de origen. No son una cifra despreciable. De los 5,7 millones de extranjeros residentes en España según los datos del último padrón, 2,5 millones son de algún país de la UE. Y, aún más importante, de ellos, 232.000 tienen más de 65 años, la edad a la que se concentran las demandas al sistema sanitario.

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Este grupo ha sido el que más ha pesado en el debate de la directiva sobre sanidad transfronteriza. El Ministerio de Sanidad español calculó en su momento que la propuesta sueca de que fuera el país de residencia el que pagara si un extranjero decidía volver a su país para tratarse podía costar a las arcas españolas 2.000 millones de euros. Eso no implica necesariamente que se vaya a producir un ahorro (no es lo mismo no gastar que gastar menos). Aunque en estos momentos el asunto de no aumentar la factura sanitaria sea un argumento clave, la decisión tiene un enfoque humano que ha quedado un poco apagado.

Y es que con el nuevo modelo, será el residente el que decida. Si quieren tratarse en España, estarán en su derecho, porque es donde pagan sus impuestos y sus Gobiernos aportan 300 euros mensuales al Ejecutivo español para que se haga cargo de ellos. Pero -y este es el matiz importante- si prefieren volverse a su país, también estarán en su derecho, y serán los Gobiernos respectivos los que asuman el coste.

El otro supuesto que se ha cerrado (que un inglés residente en España quiera ir a un médico en Italia, por ejemplo) es tan minoritario que dejar las cosas claras está bien, por si acaso, pero no tiene más impacto.

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