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España evita pagar 2.000 millones en tratamientos a jubilados europeos

El país de origen cubrirá la atención de los ciudadanos que vuelvan para curarse

No es extraño que los ciudadanos de la UE que disfrutan en España de su jubilación y han de afrontar un tratamiento sanitario de larga duración (oncológico, por ejemplo) prefieran volver a hospitales de su país para estar junto a sus familiares. Lo que resultaba discutible -y caro para las arcas públicas españolas, unos 2.000 millones anuales- era la propuesta impulsada por Suecia de que este gasto lo sufragaran los países de residencia del paciente (España, en este caso) a pesar de que estos ciudadanos habían cotizado toda su vida en Alemania, Francia o Reino Unido.

Ayer, España sacó ayer adelante en Luxemburgo su propuesta para la prestación sanitaria transfronteriza en la UE que establece, como regla general, que cada país correrá con los gastos de la atención de sus residentes, nacionales o extranjeros. Esto no supone ningún problema y es un aspecto que ya está regulado. Los países europeos pagan por sus residentes extranjeros una suma mensual dirigida a sufragar sus gastos sanitarios. España (con 2,5 millones de residentes de la UE en 2009) recibe unos 300 euros por cada uno, y el saldo entre lo que recibe y lo que paga arroja un resultado favorable en 460 millones de euros.

La futura directiva regulará la calidad asistencial en la Unión Europea

El vacío legal es causa de conflictos entre los hospitales y la Administración

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Sin embargo, el problema estaba en si este residente jubilado decidía volver a su país a curarse. Y sobre todo, en determinar quién pagaba este coste. Existía cierto vacío legal que se había traducido en litigios entre hospitales y administraciones sanitarias, como apunta el Ministerio de Sanidad. La directiva acordada ayer establece que si esta persona opta por volver a su país natal -o donde esté afiliado a la Seguridad Social- será este quien asuma el coste de la asistencia sanitaria, a pesar de que su domicilio esté en el extranjero. De esta forma, se bloquea la propuesta impulsada por Suecia y apoyada por Reino Unido, países a quienes beneficiaba económicamente la opción inicial por su condición de emisores de jubilados.

La futura directiva no solo se limita a esta cuestión, sino que pone orden en todo lo relacionado con la movilidad de los pacientes a lo largo de Europa y regula la calidad de la asistencia que recibían al ser tratados fuera de sus fronteras.

De esta forma, ayer también se acordó que quien desee trasladarse a un tercer país de la Unión en busca de atención médica deberá pedir autorización previa al país de residencia, que podrá concederla o no en función de sus criterios nacionales de seguridad y calidad. Es decir, su médico debe dar el visto bueno al traslado. Un ejemplo de este caso sería el de un alemán residente en Mallorca que desee tratarse en Francia. El gasto correría a cargo de España, pero tendría que tener el visto bueno del médico del servicio sanitario balear. La autorización previa será imprescindible para atenciones que requieran hospitalización (aunque solo sea por un día), para tratamientos de alta tecnología o para enfermedades raras. En otros casos no hará falta tal permiso, como tampoco será necesario para las simples consultas o los tratamientos de urgencia sobrevenidos en viajes. Las urgencias de extranjeros siempre son atendidas y la factura se cobra en el país de origen.

El objetivo de esta medida es, según indicó ayer la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, que tanto los países de residencia como los originarios del paciente controlen su movilidad y que los traslados a otros países lo sean exclusivamente "por indicación médica o con proveedores claramente acreditados". De hecho, se han regulado los traslados a centros privados extranjeros para evitar las estafas o los tratamientos milagro que promueven algunos centros.

"Hoy es un gran día para la construcción de un espacio común de Sanidad en la UE"

apuntó Jiménez. El comisario de Sanidad y Consumo, el maltés John Dalli, sin embargo, dijo que hubiera preferido un texto más innovador y con un lenguaje más claro, defecto que confía pulir en su paso por la Eurocámara.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de junio de 2010