Ocho condenas leves por la gran tragedia de Bhopal

Los miles de supervivientes y afectados por el escape de pesticida en Bhopal han tenido que esperar 26 años para que la justicia castigara a algún culpable. Las penas impuestas por la catástrofe industrial más grave de la historia son leves. El escape de gas en una planta de la empresa estadounidense Union Carbide en la ciudad de Bhopal (en el centro de India) en diciembre de 1984 dejó miles de muertos y afectados.

Un tribunal de Bhopal condenó ayer por negligencia a ocho de sus entonces empleados -todos indios que rondan los 70 años, uno ya fallecido- a dos años de prisión y a pagar 100.000 rupias (1.774 euros). Sin embargo, inmediatamente se les concedió la libertad bajo fianza. También impuso a la empresa una multa de unos 8.870 euros.

Unas 15.000 personas han muerto, según cifras oficiales

En India, la condena fue recibida con indignación, ira y tristeza: "Tan tarde y sin impartir justicia: es una traición del Gobierno para la gente de India", lamentó la representante de las víctimas, Rachna Dhingra. "La indemnización impuesta a la compañía es vergonzosa, teniendo en cuenta el daño causado. Por si fuera poco, sienta un precedente terrible", asegura la activista. "Este es un mensaje a las grandes corporaciones de que pueden matar a miles de personas, dejar afectadas de por vida a miles más y contaminar el agua de una población entera y no van a tener responsabilidades", declaró a este diario por teléfono.

Los directivos extranjeros de Union Carbide, comandados por Warren Anderson, el director de entonces -que huyó y al que se declaró prófugo-, no son mencionados en el veredicto, ya que existe un juicio separado para ellos.

La mayoría de los sentenciados ha continuado trabajando en el sector. El de más alto perfil, Keshub Mahindra, preside Mahindra & Mahindra, la marca líder de vehículos de transporte en India. Mahindra era el presidente de la filial de Union Carbide en India al momento del accidente.

La madrugada del 3 de diciembre de 1984 en Bhopal, 42 toneladas de uno de los químicos más tóxicos jamás inventados, el isocianato de metilo, escaparon en forma de gas de la fábrica de pesticidas. Como consecuencia del desastre han muerto unas 15.000 personas, según las cifras oficiales. Los activistas aseguran que podrían ser 25.000 fallecidos y unas 100.000 personas con secuelas permanentes como cáncer, enfermedades de estómago, hígado, riñón, pulmón y trastornos hormonales y mentales.

La indemnización a las víctimas del escape de gas se limita al acuerdo extrajudicial que Union Carbide alcanzó en 1989 con el Gobierno indio: 393 millones de euros. Cada víctima recibió, en teoría, 890 euros de ahora. Muchas, sin embargo, han asegurado que no cobraron nada.

Al igual que la vida de las personas afectadas en Bhopal en el último cuarto de siglo, el proceso judicial ha sido un calvario: más de una decena de jueces han visto el caso y, hasta ayer, no había ningún sentenciado. Al principio, se les acusó de "homicidio culposo, sin llegar a asesinato", castigado hasta con 10 años de prisión. Pero, en 1996 la Corte Suprema lo redujo a "muerte por negligencia", con un máximo de cuatro años de cárcel.

Víctimas y activistas tienen claro por qué el proceso judicial se ha ido aligerando y atrasando: "Los Gobiernos nacional y estatal han fallado: han sido corrompidos por la empresa y, además, su único interés, antes que la gente afectada, es que la inversión extranjera no se vea afectada", dice Dhingra.

La exigencia de responsabilidades se complicó en 2001, cuando Union Carbide fue comprada por Dow Chemicals, también estadounidense, que se niega en rotundo a asumir ninguna responsabilidad porque, alega, nunca fue propietario ni operó la planta; la compró 16 años después de la tragedia. La empresa tiene nuevos intereses en el subcontinente, donde produce y vende su insecticida Dursban, que por su toxicidad está prohibido para uso comercial en EE UU.