Zapatero fija la fecha de la reforma laboral por la presión de los mercados

La reforma laboral ya tiene fecha. Será el 16 de junio. "Con acuerdo o sin acuerdo", advirtió ayer el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Si antes de ese día empresarios y sindicatos alcanzan un pacto, su contenido se reflejará en el decreto ley que apruebe el Consejo de Ministros. Si no es así, y todo parece indicar que no será así, pues el acuerdo "no está nada fácil de conseguir", en palabras de Zapatero, el Gobierno aprobará la reforma, cuyo contenido "tiene ya perfilado" .

No es baladí que a la hora de anunciar la fecha Zapatero se refiriera a los mercados. "Necesitan respuestas de confianza para eludir o eliminar la intranquilidad", justificó el presidente. Y tanto el anuncio como la justificación llegaron precisamente ayer, el día en que la prima de riesgo de la deuda española subió hasta 176 puntos básicos, su máximo nivel desde que nació el euro. También ayer se supo que la confianza del consumidor cayó 13 puntos en mayo por la inestabilidad de los mercados y los efectos del plan de ajuste sobre la economía.

Los mercados necesitan "respuestas de confianza", dice el presidente

El Gobierno acudió a la reunión de ayer otra vez sin ninguna propuesta

Tampoco es casualidad que la reforma se apruebe la víspera de la última cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la UE bajo presidencia española, el 17 de junio. Al fin y al cabo, desde Bruselas se forzó el recorte presupuestario, que tanto ha cambiado el escenario de la negociación. Así lo han denunciado en público los sindicatos y lo reconocen en privado en el entorno del Gobierno.

Pero el presidente no dio explicaciones acerca de por qué ha decidido anunciar ahora un límite temporal a la negociación entre los interlocutores sociales, que se demora desde hace meses superando todos los plazos sucesivamente fijados. Ni aclaró por qué ha adelantado al miércoles 16 -que coincide con el primer partido de España en el Mundial de Sudáfrica- el Consejo de Ministros que debía celebrarse el viernes 18, pese a que La Moncloa no supo especificar ninguna actividad concreta en su agenda.

En lo que sí entró Zapatero fue en defender la oportunidad de la reforma. Alegó que el "muy buen dato" del paro en mayo -el desempleo se redujo en 76.000 personas- supone un elemento esperanzador. "Una buena reforma laboral contribuirá a que esa esperanza se mantenga y profundice", continuó.

Según explicaban fuentes sindicales, este anuncio de Zapatero no supone ningún cambio en la mesa de negociación, pero sí que advirtieron que "desincentiva la negociación". Y es que el anuncio llegó apenas horas antes de que el ministro de Trabajo se volviera a ver las caras con los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y con el presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y el vicepresidente, Santiago Herrero.

El encuentro comenzó pasadas las siete de la tarde y terminó menos de tres horas después. Era un nuevo intento para destascar una situación que se encuentra encallada desde hace semanas, y que ha hecho cundir el pesimismo entre todas las partes. Quedaron para verse dentro de una semana.

Hasta ahora, los agentes sociales se han quejado de que en los últimos compases de la negociación, el Gobierno se ha limitado a jugar el papel de oyente en la mesa de diálogo social. Ayer no entregaron ninguna propuesta por escrito al resto de interlocutores. No obstante, algunas líneas básicas de lo que quiere el Ejecutivo empiezan a perfilarse tras las últimas reuniones.

El primero es la generalización del contrato con una indemnización por despido de 33 días. Esta opción pasa por abrir su uso a los hombres de entre 30 y 45 años y a las conversiones de contratos de temporales a fijos. Eso supondría un abaratamiento de hecho del despido, por lo que despierta el rechazo frontal de los sindicatos; por el contrario, goza de la buena acogida de la patronal.

Más dudas hay acerca de si el Gobierno se mostrará receptivo con la demanda de los empresarios de redefinir las causas del despido. Ante el hecho de que la mayoría de despidos (el 80%) se tramitan por la vía improcedente, CEOE reclama una definición que invierta la situación y facilite el camino de la rescisión procedente de los contratos. También esto acaba por afectar al coste del despido, pues mientras el trámite improcedente supone una indemnización de 45 días o 33 por año trabajado; la otra implica una compensación de 20 días por año.

Otra de las dudas en torno al decreto que planea el Gobierno es cómo se articulará la adaptación del llamado modelo austriaco, un sistema de despido por el que los trabajadores tienen una cuenta que se engrosa con cotizaciones empresariales y que perciben en caso de ser despedidos o recuperan al final de su vida laboral. Los sindicatos reclaman que esta opción solo funcione en caso de despido procedente, pero el Ejecutivo todavía deshoja la margarita sobre si hay que aplicarlo también a los despidos irregulares.

Poco antes de la reunión a tres bandas, Díaz Ferrán citó a sus vicepresidentes para abordar las posiciones que iba a defender en el encuentro posterior. Los responsables de la patronal acordaron no poner como condición imprescindible para el acuerdo la rebaja de cotizaciones a la Seguridad Social, informa Efe. Esto, en principio, supone eliminar de la mesa uno de los obstáculos insalvables para el pacto, pues los sindicatos lo rechazan de plano. No obstante, en el encuentro se abogó por una reforma "global y profunda", dos palabras que en la jerga empresarial vienen a decir que toque aspectos que los sindicatos consideran casus belli y por tanto hacen difícil el pacto.

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