La nueva propuesta de sentencia prevé recortes moderados del Estatuto catalán

Es la última oportunidad y la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, no quiere dejarla pasar. El proyecto de sentencia sobre el Estatuto catalán elaborado por la magistrada Elisa Pérez Vera estuvo a punto de salir, pero le faltó al menos un voto. Fracasado el proyecto tras dos años y medio y cinco intentos, la ponencia se entregó al sector conservador pero, en apenas un mes, el vicepresidente Guillermo Jiménez fue incapaz de elaborar un proyecto que arrastrase a los magistrados menos proclives al Estatuto.

Si la presidenta ha decidido asumir la ponencia "es para hacer algo en serio", dicen las fuentes consultadas. Pero tiene que hacerlo ya, porque sobre el Tribunal llueven presiones, y los propios magistrados le han dado un plazo perentorio. Casas ha dicho que habrá sentencia antes del verano. Incluso su intención es presentarla a votación y fallo en la primera quincena de junio.

Se mantendría la tacha del catalán como lengua "preferente"

El borrador de Casas partirá del último, elaborado por Pérez Vera

Casas está preparando un nuevo borrador, que casi en su totalidad se basará en los trabajos de Pérez Vera, que redactó cinco proyectos de sentencia a partir de las aportaciones de todos los magistrados durante más de dos años y que planteaba recortes moderados del Estatuto. La ponencia decaída de Pérez Vera declaró inconstitucionales 15 preceptos y otros 25 quedaron sometidos a una "interpretación de conformidad", según los términos resumidos en un fundamento jurídico conclusivo.

Guillermo Jiménez elevó en un 50% las tachas de inconstitucionalidad, de manera que los preceptos declarados inconstitucionales serían unos 22. Demasiado para algún progresista descolgado y demasiado poco para los magistrados menos proclives al Estatuto y partidarios de laminar alrededor de la mitad de los artículos impugnados por el PP.

El proyecto de Casas tratará de arrastrar el par de votos que necesitaría para una sentencia presentable, lo que hoy se traduce por una votación de 6-4. Sin embargo, dado que el Tribunal sigue dividido en tres bloques, lo más factible es que acabe imponiéndose una votación "artículo por artículo", entendiendo por tal la votación por bloques, por artículos completos, por preceptos de cada artículo e incluso por incisos o términos de según que preceptos. Después de un sinfín de deliberaciones, de votaciones prospectivas, de interpretaciones y reinterpretaciones los magistrados ya conocen al dedillo los puntos de acuerdo y los de desacuerdo. Se trata de volver sobre ellos y votar. En lo que se esté de acuerdo en general, se podrá votar por bloques, y en lo que no, se descenderá al último detalle. Y lo que salga en cada caso se lleva al fallo. El sistema implica que algunas posiciones, como las de hacer que en el fallo conste expresamente que la interpretación del término "nación" del Preámbulo del Estatuto carece de eficacia jurídica, o que la definición como "nacionales" de los símbolos de Cataluña del artículo 8.1 se refieren a Cataluña como "nacionalidad" reconocida "dentro de indisoluble unidad de la Nación española" pueden acabar siendo incorporadas incluso con el voto de calidad de la presidenta, en el supuesto de que se llegase a un empate.

Pero también puede conseguir salvar, siquiera como interpretación de conformidad, algunos de los aspectos más polémicos del Estatuto, los que hacen referencia a la lengua catalana. Se mantendría la tacha de inconstitucionalidad del catalán como lengua "preferente" en Cataluña, y algunas limitaciones sobre el deber de conocimiento del catalán -que no sería jurídicamente exigible- o sobre el derecho a relacionarse por escrito en catalán con los órganos judiciales y constitucionales -en los casos que determine el legislador estatal-. Las votaciones se hacen empezando por el magistrado más moderno y terminando por la presidenta, que puede utilizar su voto de calidad. El resultado final previsiblemente contendrá más declaraciones de inconstitucionalidad y más reinterpretaciones, si se quiere que haya sentencia.

Los magistrados no sólo tienen que hacer frente al escaso tiempo que queda hasta el verano, sino también a las presiones, ahora con la clase política volcada en las elecciones catalanas.

En el sector progresista cayó particularmente mal la orden de renovación del tribunal impartida desde el Gobierno y de la que en el Constitucional se enteraron a través de sus servicios técnicos. La aceptación por el PSOE de los magistrados Enrique López y Francisco Hernando con tal de renovar, trajo a todos el amargo recuerdo de las tajantes negativas de otros tiempos a que el ultraconservador Roberto García-Calvo, ya fallecido, accediese al Constitucional. Tras meses de intentos fallidos por parte del PP, el PSOE acabó cediendo a cambio de una plaza en el Tribunal de Cuentas.