El Gobierno salva del recorte los atrasos por dependientes en asilos

La polémica por el aplazamiento de la retroactividad en la Ley de Dependencia se ve ahora suavizada. El real decreto ley con las medidas para combatir el déficit salva a algunas prestaciones económicas, que seguirán llegando a los familiares de los dependientes con los atrasos adeudados, sin demora de ninguna clase.

Se trata de las llamadas prestaciones económicas vinculadas al servicio, un dinero que se da a aquellas familias de grandes dependientes que optan por una plaza de residencia pero la Administración no puede dársela, porque no las hay en los geriátricos públicos ni en los concertados.

Estos usuarios contratan con un geriátrico privado, pero, por ley, reciben una cantidad para que no les resulte tan caro. Las cuantías oscilan entre 400 y 800 euros, que, en muchos casos, han venido adelantando a los gobiernos puesto que ya tenían al anciano o discapacitado en una residencia.

Esa prestación la reciben en la actualidad más de 43.000 personas, sobre todo en Castilla y León y Cataluña.

La medida ha sido acogida con agrado por las organizaciones implicadas en el desarrollo de la Ley de Dependencia. "Vemos en ello sensibilidad por parte del Ministerio de Sanidad y Política Social, a quien ya habíamos avisado de que aplazar estos pagos se iba a considerar una gran injusticia, puesto que la retroactividad de estos casos se refiere a cantidades efectivamente abonadas para procurar cuidados y adelantadas por las personas dependientes y sus familias", dijo ayer el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

La subida del IVA en julio también iba a penalizar a estas familias, pero ayer mismo CiU alcanzó un acuerdo con el PSOE para sacar adelante su propuesta: que el IVA que se aplique a estos servicios privados para las familias sea sólo del 4%.

El real decreto también libra del aplazamiento a las prestaciones económicas para el asistente personal, aunque esta ayuda es muy minoritaria todavía, apenas alcanza los 700 usuarios. El asistente personal está previsto para quien tiene alguna discapacidad, por ejemplo un invidente, o alguien que va en silla de ruedas. Contratan a una persona que les ayuda a moverse y, sobre todo, a salir de casa, por ejemplo para estudiar, lo que les permite mucha más autonomía.

Por tanto, las comunidades sólo podrán pagar en plazos, hasta en cinco años, aquellos atrasos que les deben a los cuidadores familiares.