Dos diputaciones y Sant Cugat solicitan créditos y burlan el recorte de Zapatero

Los ayuntamientos se encontraron ayer con la sorpresa de que el decreto publicado en el BOE con las medidas extraordinarias para reducir el déficit público prohíbe a los gobiernos locales pedir créditos desde las 0.00 horas de hoy hasta 2012. La restricción generó estupefacción e indignación entre los municipios y algunos reaccionaron a la velocidad de la luz. El Ayuntamiento de Sant Cugat se adelantó a la prohibición y firmó ayer un crédito por 16,1 millones de euros. Las diputaciones de Tarragona y Lleida hicieron lo propio con otros por valor de 21,7 y 20 millones, respectivamente.

La decisión generó un fuerte impacto tanto en la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), próxima a los socialistas, como en la Asociación de Municipios (AMC), de orientación convergente. El recorte deja de hecho atados de pies y manos a los consistorios porque la obra pública la financian a través de créditos. Los ayuntamientos están fuertemente endeudados, pero carecen de déficit, y en lo que queda de ejercicio y durante 2011 no podrán pedir pólizas. Faltan por resolver interrogantes, por ejemplo sobre la Ley de Barrios, financiada al 50% por la Generalitat y los ayuntamientos.

Tras conocerse el decreto, el Ayuntamiento de Sant Cugat puso en marcha la máquina administrativa a toda velocidad y convocó al mediodía un pleno extraordinario para aprobar con urgencia la contratación de créditos con diferentes bancos. En concreto, cuatro operaciones que ya estaban en trámite y cuyas cláusulas se estaban acabando de redactar. Los créditos suman 16,1 millones de euros, que se destinarán a costear inversiones ya previstas en los presupuestos municipales de 2010, como equipamientos municipales y obras de urbanización. La operación fue aprobada con los votos de Convergència i Unió (CiU) y Esquerra (ERC). El Partit dels Socialistes (PSC) e Iniciativa (ICV-EUiA) se abstuvieron. El Partido Popular (PP) no asistió al pleno.

Con estas nuevas contrataciones, la ratio de endeudamiento de Sant Cugat pasa del 70% al 85% (el límite máximo que establece la ley es del 110%). El alcalde, Lluís Recorder (CiU), calificó de "despropósito" la medida del Ejecutivo español porque deja sin margen de maniobra a los municipios y no tiene en cuenta el nivel de endeudamiento de cada población.

Angel Ros, alcalde de Lleida, no convocó ningún pleno, pero criticó el decreto. "Si el endeudamiento se limita o se anula, limitamos las inversiones municipales, que es lo que crea actividad económica y empleo. Nos preocupa que se aplique café para todos", concluyó Ros. El republicano Jaume Gilabert, presidente de la Diputación de Lleida, dijo en tono casi apocalíptico: "Me temo que estamos ante la situación más crítica que se ha vivido nunca en el mundo local en la democracia". Y añadió: "Tendrá unas consecuencias terribles. Nadie sabía nada hasta que ha salido el decreto, con el agravante de que en Barcelona y otras ciudades catalanes es festivo". En la Diputación de Tarragona, todos los partidos votaron a favor de pedir una póliza que servirá para financiar, entre otras cosas, obras en cinco carreteras. "Han cerrado el grifo municipal", lamentó su presidente, Josep Poblet.