Yo, el Supremo

Es todo un espectáculo internacional que la justicia española haya sentado en el banquillo, por haber intentado dar una respuesta desde el ámbito judicial a la tragedia de los desaparecidos del franquismo, a un juez de reconocido prestigio por sus iniciativas contra los crímenes de las dictaduras latinoamericanas. El estupor es mayor a la vista del ensañamiento con que sus colegas han llevado su persecución hasta el límite de negarle una salida digna, como era autorizar su traslado a la Corte Penal Internacional antes de su suspensión cautelar como juez de la Audiencia Nacional.

La unanimidad del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) al votar ayer la suspensión del juez Garzón parece indicar que el órgano de gobierno de los jueces no tenía otra alternativa legal. Era, en efecto, demasiado tarde para otra decisión, una vez que el instructor Varela hubiera decretado la apertura de juicio oral y que fracasase, por falta de tiempo y de suficiente apoyo en el Consejo, el intento in extremis de un sector del mismo por darle al juez una salida honorable autorizándole su marcha en comisión de servicios, como había solicitado, antes del pronunciamiento sobre la suspensión. La Comisión Permanente del Consejo, reunida ayer tras el pleno de la suspensión, decidió aplazar la decisión sobre el permiso para el traslado del juez.

La baza esencial de la partida que ha llevado a este desenlace estaba ya jugada desde el momento en que el Supremo aceptó a trámite la querella por prevaricación, planteada por dos organizaciones ultraderechistas que acusaban a Garzón de haberse atribuido competencias que no tenía al intentar abrir un proceso penal por los crímenes del franquismo. La Sala pudo haber archivado la querella simplemente siguiendo el criterio de la fiscalía, que descartaba que fuera delito sostener unas posiciones discutibles pero que eran idénticas, por ejemplo, a las defendidas por tres de los miembros de la Sala Penal de la Audiencia Nacional que se pronunció sobre la competencia.

También pudo haberla archivado aplicando el criterio del Supremo en la sentencia Botín, según el cual no cabe abrir causa con sólo la acusación popular, pese a que fue luego modificada en el caso Atutxa, con un voto crítico de Varela. Pero si el argumento de admitir la querella sobre la endeble base de que la tesis de la "prevaricación no puede ab initio considerarse tan absurda como para descartarla", ya hizo pensar en una parcialidad llamativa, esa impresión se ha ido confirmando en cada uno de los trámites ulteriores, hasta culminar en el postrer gesto de acelerar la apertura de juicio oral en cuanto se conoció la petición de Garzón de traslado a La Haya.

Tras consumarse la vergüenza de ayer, a Garzón sólo le queda ahora esperar que no le cercenen su derecho de defensa como ha sucedido en la instrucción. Varela valoró como "una desconsideración" para con sus compañeros del Supremo el testimonio pericial de jueces y expertos juristas nacionales e internacionales sobre la interpretación legal en que sustentó Garzón la causa por los crímenes del franquismo. Es de esperar que esos compañeros rechacen un argumento que huele a rancio corporativismo y permitan que ese testimonio se produzca en el juicio oral.

Una condena en estas condiciones del juez Garzón añadiría una herida más a las todavía sin cerrar de miles de familiares de víctimas sin sepultura de la Guerra Civil y del franquismo; familiares que no han podido hacer el duelo que en todas las culturas sigue a la pérdida de seres queridos. El argumento de no reabrir heridas se tornaría en cruel sarcasmo y obstáculo para la construcción de una memoria compartida y un reconocimiento hacia todas las víctimas, de uno u otro bando, de la Guerra Civil y de la represión que siguió a la victoria de uno de ellos.