Preparados para aterrizar: todos en línea

Se acabó. No sin dolor, frustración y desconcierto vamos a tener que hacer los ajustes duros que nos parecían imposibles. La comparecencia del presidente del Gobierno de ayer fue breve, concisa, motivada y, sobre todo, reveladora del conflicto de emociones que en estos momentos millones de españoles, incluido el mismo presidente, estarán sintiendo. No son medidas placenteras, ni serán las últimas de su especie que hayamos de tomar. No bastará con que los funcionarios, los hogares con dependientes y los pensionistas soporten este ajuste. Tampoco con que los territorios que esperaban su cuota de infraestructuras se vean postergados. Ni siquiera con que nuevos o mayores impuestos vengan a rascarnos adicionalmente los bolsillos. Tan necesario como reducir drásticamente el déficit, atajar la explosión de la deuda y evitar el colapso de la financiación de las Administraciones públicas, es que nuestra economía gane competitividad a corto plazo. Para ello será necesario que los salarios del sector privado y los precios de nuestros bienes comerciables se moderen más de lo que lo hacen los de nuestros competidores, por no decir que será necesario que desciendan por debajo de sus niveles actuales.

Tan necesario como todo lo anterior es evitar que otros países, socios nuestros, nos señalen como potenciales contribuyentes al fracaso del euro. El acuerdo del Eurogrupo del fin de semana tenía un claro punto de fuga: la economía española, cuya eventual insolvencia soberana, por improbable que nos parezca, ya estaban cotizando quienes nos prestan los fondos con los que pagamos una parte sustancial de las pensiones, la sanidad, la educación, los sueldos de los funcionarios, las facturas de las empresas de servicios colectivos, etc. Nótese que un déficit del 11% del PIB equivale a un 28% del gasto público total en nuestro país y que el no poder pagar esa proporción equivaldría a la virtual suspensión de pagos del Reino de España. Las medidas adoptadas ayer por el Gobierno son, pues, las adecuadas y no deben descartarse medidas adicionales. Esperemos que sean también el preludio de las reformas estructurales en los mercados de bienes, servicios y trabajo, las Administraciones públicas y el sector financiero, de las que nace el impulso para la productividad y el pleno empleo.

El Gobierno necesita el apoyo de todos para que estas medidas sean lo más aceptadas posible por la sociedad, y en estos momentos la cuestión de si lo merece o no es muy secundaria. La oposición y los sindicatos pueden sentirse tentados de establecer líneas de resistencia política o social más o menos oportunistas o sustantivas, lanzar críticas a los tiempos, los modos y el alcance de las mismas, o caer en la tentación de la defensa a ultranza del gasto social, muchas de cuyas partidas podrán ser adquiridas pero, en estos momentos, totalmente infundadas.

José A. Herce es socio-director de Economía de AFI.