El recorte coge a Montilla en campaña

Un consejero socialista del Gobierno catalán confesaba días atrás las dificultades que observa para que el PSC obtenga de nuevo la confianza de su electorado tradicional en los comicios de otoño. "Tenemos enfadados a los autónomos, a los agricultores, a los bomberos, a los maestros... y no veo ningún colectivo haciendo cola para votarnos", se lamentaba. El tijeretazo anunciado ayer por el Gobierno central suma a todos los funcionarios y a buena parte de los pensionistas a la nómina de agraviados por los socialistas. Los recortes se aplicarán en toda España, sí, pero es el PSC, con José Montilla en cabeza, el primero que tendrá que vérselas con las urnas, el próximo otoño, en medio de una más que previsible tormenta social.

El tripartito trata de frenar el malestar con una rebaja "ejemplar" de los sueldos de los altos cargos

Castells anuncia que subirá los impuestos que gravan la compra de viviendas de segunda mano

El presidente catalán asume sin la complicidad de sus socios las medidas de Zapatero

Y si algo quedó claro ayer en el Parlament es que el presidente de la Generalitat tendrá que asumir en solitario y sin la complicidad de sus socios el coste en Cataluña de las impopulares medidas anunciadas por Zapatero. Montilla confirmó, como ayer adelantó EL PAÍS, que rebajará el sueldo de los funcionarios en línea con lo que el Gobierno central dictará vía decreto. Para atajar el maletar social, garantizó un recorte ejemplar del salario de los altos cargos, que será de en torno al 15%. También dio por hecho que el capítulo inversor, el que permite a los partidos lucir obra de gobierno antes de las elecciones, se verá drásticamente recortado. El Gobierno sopesa, por ejemplo, congelar las licitaciones de la emblemática línea 9 que se debían convocar este año.

Obviamente, Montilla no encontró ningún gesto de comprensión en las filas de Convergència i Unió (CiU) y del Partido Popular (PP), que le acusaron de actuar tarde y mal. Pero tampoco los socios del tripartito le echaron ningún cable. Esquerra Republicana (ERC), por boca de la portavoz Anna Simó, dijo que el Gobierno catalán no puede aceptar el "trágala" de los recortes impuestos por Zapatero, máxime cuando el Gobierno central tiene un déficit muy superior al de la Generalitat. Dolors Camats, de ICV-EUiA, criticó que Zapatero se haya negado a recuperar el impuesto sobre el Patrimonio y que el recorte recaiga en los "sectores más débiles".

Visto que los socios difícilmente arrimarán el hombro, Montilla ha decidido hacer gala de su capacidad de aguante y, lejos de tratar de minimizar el impacto de las medidas impuestas por el Gobierno central, ha querido ir más allá en forma de subida de impuestos. De ahí que el consejero de Economía, Antoni Castells, bendijera los recortes anunciados por Zapatero. "Van en la buena dirección", sostuvo, recordando que el contexto económico es "excepcional", en alusión a una crisis agravada por la desconfianza de los mercados en la capacidad de España de lidiar con su déficit.

El Gobierno catalán asumió las propuestas de Zapatero y, además, anunció la subida del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), que grava las compraventas de viviendas de segunda mano. El tipo general de este tributo pasará del 7% al 8%. Este incremento también podría arrastrar al de actos jurídicos documentados (AJD), que se aplica, por ejemplo, a la constitución de hipotecas. La subida se producirá, según Castells, "en paralelo" al aumento del impuesto sobre el valor añadido (IVA), cuyo tipo general pasará del 16% al 18% en julio.

Con el incremento de estos impuestos se pretende paliar el duro impacto que ha supuesto la crisis inmobiliaria para las arcas de la Generalitat, que el año pasado capearon el temporal con la aportación adicional del nuevo modelo de financiación autonómica. El único límite que puso el Gobierno catalán a los recortes de Zapatero fue que siga cumpliendo con las inversiones en Cataluña que dicta el Estatuto.

Los ingresos por impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, una de las entradas más importantes de dinero a las arcas públicas, llegaron a ser de 3.865 millones de euros en 2006, en pleno boom inmobiliario. El año pasado esta aportación descendió hasta los 1.429 millones, mientras que para este año, que el tributo ha empezado a recuperarse, se prevé recaudar 1.466 millones. La Generalitat espera paliar, al menos en parte, esta abrupta caída. Fuentes del Ejecutivo recordaron que otras comunidades, como Andalucía, también han anunciado el aumento del gravamen.

La confirmación del recorte del sueldo de los funcionarios y la congelación de las pensiones contributivas sublevó ayer a los sindicatos, que, de inmediato, anunciaron movilizaciones, aunque no las concretaron. Y es que los representantes de los trabajadores esperaban que, a lo sumo, el Gobierno pusiera sobre la mesa un estancamiento salarial para 2011. Cataluña tiene casi 300.000 funcionarios, de los que el 10,4% pertenecen al Gobierno central, el 54,1% a la Generalitat y el resto a las administraciones locales.

UGT y CC OO no tardaron en denunciar una medida que, a su juicio, encenderá a los funcionarios. UGT ha convocado para hoy una asamblea con los delegados de los servicios públicos, y el secretario general de CC OO, Joan Carles Gallego, alertó de que la medida creará "conflictividad social". "Tendremos que responder a la agresión", sostuvo el líder de UGT, Josep Maria Álvarez.

Las patronales aplaudieron los recortes y sólo lamentaron que "lleguen tarde". Tal vez viéndose venir las protestas, la patronal Cecot incluso pidió que el Gobierno no ceda ante las presiones sindicales. Para CiU las medidas del Gobierno central no bastan, pero la federación tuvo ayer un doble discurso según hablara en Madrid o en Barcelona. En la capital de España, donde CiU no tiene que convencer a ningún votante, Josep Antoni Duran Lleida pidió medidas más duras al Gobierno y le reprochó la tardanza en aplicar las anunciadas ayer. Artur Mas, en puertas de la campaña electoral, se dedicó a criticar la falta de sensibilidad del Gobierno con los más desfavorecidos. "Los gobiernos socialistas comienzan a recortar derechos sociales", dijo.